La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), ha ampliado la investigación a otras 21 ayudas a distintos Ayuntamientos y empresas que fueron aprobadas por el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, cuando ocupó el cargo de consejero de Empleo y presidía el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

En un nuevo auto dictado el pasado 27 de septiembre, la magistrada extiende la causa a estas 21 subvenciones, por un importe global de 17.039.090 euros, y que aparecen recogidos en un acta del consejo rector del IFA del 30 de enero de 2004, tal y como denunció recientemente el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, que remitió estos documentos al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El dirigente popular denunció entonces que Viera había otorgado estas ayudas -que se corresponden con la partida 31L, conocida como la de los fondos de reptiles- a Ayuntamientos "afines al PSOE un mes y medio antes de las elecciones autonómicas de 2004", así como a empresas de la que el PP denomina "la trama Viera-Sierra Norte de Sevilla".

Entre las ayudas que la instructora ha ordenado ahora investigar se encuentran precisamente las otorgadas a seis ayuntamientos -Camas, Coria del Río, Alcolea del Río, Puebla del Río, Chiclana y la Barca de la Florida- y a 15 empresas, varias de ellas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla, como las que se concedieron a las empresas Corchos y Tapones de Andalucía de El Pedroso (Sevilla) por valor de tres millones de euros entre 2002 y 2007, y a SAT Viren del Espino, en la misma localidad en la que residía el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y uno de los principales imputados en la causa, Francisco Javier Guerrero Benítez.

Con la investigación de estas ayudas, la causa que instruye la juez Mercedes Alaya abarca ya 67 expedientes vinculados a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y a otras 61 ayudas a distintos Ayuntamientos y empresas.

De otro lado, la juez Mercedes Alaya ha citado a declarar para mañana, en calidad de imputado, a Antonio Arquero García, un vecino de El Pedroso que aparece como beneficiario de otra "renta de supervivencia" a pesar de la instructora considera que esta ayuda, que fue sufragada íntegramente por la dirección general de Trabajo y Seguridad Social, se le concedió "prevaliéndose indiciariamente de su amistad con Francisco Javier Guerrero, sin que conste ni solicitud ni concesión de subvención o ayuda al mismo".

Ese mismo día la juez ha citado a otro "intruso" en la empresa Saldauto, Antonio González Pérez, que no declaró la semana pasada porque se había producido un problema con su citación.

La instructora también ha pedido a la Junta que aporte la documentación relativa al contrato de servicios y la factura de 2003 por el asesoramiento de un abogado de Jerez de la Frontera (Cádiz), por importe de 150.000 euros.