La investigación de la juez Mercedes Alaya está sacando a relucir las presuntas irregularidades en las falsas prejubilaciones de trabajadores vinculados a empresas en crisis y cómo estas personas no sólo percibieron importantes cantidades, sino que además los beneficiarios continuaron realizando una actividad laboral en muchos casos y en otros recibieron hasta subvenciones de la Junta. Este último supuesto es el de Rafael Rodríguez Fuentes, un intruso que se prejubiló en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa Saldauto -para la que nunca trabajó, dado que procedía de la empresa cordobesa Muebles Promi-, y por el que se le asignó una póliza de 376.404 euros, a razón de 1.800 euros mensuales, y que después recibió otros 80.000 euros en ayudas para otra empresa de muebles que creó con otro intruso y en la que daba cursos para enseñar a fabricar muebles. Este imputado reconoció ayer en su declaración ante la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que estuvo cobrando las ayudas durante casi tres años, hasta diciembre de 2010, y también que la Junta le concedió 3.000 euros por crear la sociedad Muebles Don Formón en la localidad cordobesa de Cabra, así como 26.000 euros por los cursos correspondientes al año pasado y 51.000 por los de éste, aunque esta cantidad aún no la ha cobrado.

En su declaración, Rafael Rodríguez dijo a la juez Alaya que "no sabe lo que es un ERE", aunque paradójicamente fue miembro del comité de empresa de Muebles Promi -afiliado a UGT- y "administrador judicial" de esta misma sociedad cuando se produjo su despido y el de otros trabajadores. Según el imputado, "le dijeron que un ERE era cuando la empresa estaba en quiebra y se trataba de salvar a los trabajadores, concediendo una ayuda a este fin a través de una póliza", recoge el acta de su declaración.

Este nuevo "intruso" aseguró en su declaración que fue la secretaria del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, quien "le llamó personalmente para decirle que conocía su situación, que sabía que había sido despedido y que según Guerrero tenía derecho a entrar en el ERE", ya que al mismo se habían acogido personas que llevaban sólo seis o siete años en la empresa y él había estado 30 años.

El imputado no dudó en culpar a la Junta de su inclusión en el ERE de una empresa para la que no había trabajado, una situación que, según dijo, desconocía, puesto que creía que estaba prejubilado en Promi y nunca tuvo en su poder un ejemplar de la póliza. "Todo esto es bochornoso, la Junta me ha metido en otro ERE que no es el mío, no me considero culpable", defendió en su comparecencia judicial.

La juez le imputó varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, por su inclusión en el ERE dos años después de que fuera despedido "sin mediar ninguna solicitud por escrito y a sabiendas de que no tenía derecho a recibir las prestaciones de Muebles Promi".

Rafael Rodríguez fue el único de los intrusos de Saldauto que declaró ayer, ya que con el segundo hubo un problema en la citación y el tercero se negó a declarar.