La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha autorizado a la Guardia Civil para que investigue los servidores informáticos de la aseguradora Vitalia, con la que la Junta de Andalucía suscribió las pólizas de varios de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en los que se incluyeron varios intrusos que no habían trabajado en las empresas beneficiadas por las ayudas.

La autorización de la juez Alaya se produjo el pasado 26 de septiembre, en la misma providencia en la que solicitaba a la Junta de Andalucía la devolución de las actas de los Consejos de Gobierno celebrados desde 2001 después de que el Tribunal Supremo diera la razón a la instructora en el conflicto de Jurisdicción planteado por la Administración autonómica.

En esa providencia, la magistrada acuerda, tras la petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -a la que se ha encomendado la investigación de los voluminosos documentos que obran en la causa- expedir un mandamiento a la empresa Edisa Proyectos informáticos para que, de manera inmediata, se facilite a los agentes "la llave Hardlock" y los medios necesarios para obtener "cuantos datos e información consten en el servidor informático" relativos a la entidad aseguradora Vitalia y a varias sociedades que le sucedieron.

En concreto, la juez Alaya solicita a los investigadores que centren las pesquisas relacionadas con las empresas Vitalia, S. A., Vitalia Vida -que actualmente se denomina Travol 2007-, Travol 2007 y Primadeco, según recoge la providencia de la juez Mercedes Alaya, a la que tuvo acceso este periódico.

La aseguradora Vitalia Vida fue una de las primeras que apareció en la marco de la investigación judicial que la juez Alaya abrió inicialmente en torno a las posibles irregularidades en el ERE de la empresa pública Mercasevilla correspondiente al año 2007. Esta aseguradora fue la encargada de gestionar las pólizas en las que se detectaron los primeros intrusos, como el militante del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, o la jubilada María del Carmen Fontela, que fue incluida finalmente en otro ERE, el que se aprobó en el año 2005 para el restaurante sevillano Río Grande y en el que esta mujer nunca trabajó.

El caso de esta mujer llevó hasta uno de los principales imputados en la trama, el supuesto "conseguidor" de las ayudas para los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas Fernández. En medio se situaba el ex comercial de la aseguradora Vitalia Vida Francisco González García, vecino de María del Carmen Fontela y artífice de su inclusión en el ERE.

A finales del año pasado, Francisco González prestó declaración ante la Policía Judicial, a la que reconoció que alcanzó un acuerdo con el supuesto conseguidor para repartirse parte del dinero obtenido por la inclusión de Fontela en el ERE. El ex comercial de Vitalia aseguró en esa comparecencia que en una ocasión le comentó a Juan Lanzas que estaba ganando mucho dinero, pero que él no se estaba llevado nada. Según este imputado, Juan Lanzas le habría indicado la forma en la que podían introducir a un falso prejubilado. "Tu no te preocupes que, en cuanto podamos, metemos a una persona de confianza en uno de estos ERE y tu te llevas una parte de esta prima", fueron las palabras que según el ex comercial de Vitalia empleó Juan Lanzas. Según el comercial de Vitalia, Lanzas se quedaba con parte del dinero que sacaba a diario de la cuenta de la falsa prejubilada.

Cuando la Policía citó a declarar al supuesto "conseguidor" de los ERE, éste negó las acusaciones. Juan Lanzas reconoció su participación en seis o siete ERE y aseguró que no cobra ninguna prestación, a pesar de sí admite que su DNI aparece en la documentación de la empresa Hilados y Tejidos Malagueños (Hitemasa). Lanzas también negó que pactara con el comercial de Vitalia la inclusión de ninguna persona en un ERE para que se apoderaran de la prima.