El Partido Popular no quiere perder ripio en el escándalo de los ERE y, tras la sentencia del Tribunal Supremo que dictamina que las actas del Consejo de Gobierno son públicas, considera que estas deben acabar no sólo en manos de la juez que instruye el caso, sino también en las de los parlamentarios. El primer paso en esta dirección lo dio ayer al presentar un recurso en la Cámara autonómica, pero de no prosperar, algo factible a tenor de la mayoría absoluta de la goza el PSOE y que ya ha sucedido con anterioridad con la negativa a una comisión de investigación, tiene previsto recurrir directamente a los tribunales.

El líder del PP andaluz, Javier Arenas, justificó esta advertencia en la dimensión que está adquiriendo ese caso -son una docena de intrusos en los ERE vinculados al PSOE-, en el que implicó directamente a el ex presidente andaluz, Manuel Chaves, y a su sucesor, José Antonio Griñán, como "responsables del uso arbitrario e ilegal de más de 700 millones de euros, destinados a favores, a ayudas para amigos y para intrusos ilegales". "Es el escándalo más grave de los treinta años de autonomía y se ve mucha presunta malversación y mucha presunta prevaricación", aseguró Arenas.

Desde que se destapara la trama de estas irregularidades en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo, el Gobierno andaluz ha querido presentarse como el primer interesado en que se descubra hasta el último detalle y hasta el último responsable, siendo incluso uno de los denunciantes, pero lo cierto es que no ha querido que la investigación traspase la frontera del ámbito judicial al político. Desde el pasado mes de febrero ha venido oponiéndose sistemáticamente a las tres comisiones de investigación que el PP ha solicitado en el Parlamento andaluz.

Respecto al ejercicio de "transparencia" al que le ha obligado el Tribunal Supremo a la Junta, que ha entregado esta misma semana las actas de los consejos de Gobierno desde el año 2001 sin obviar ni un solo documento, el presidente andaluz confió en que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla reintegre en la sede del Gobierno andaluz todas las actas "que no tengan nada que ver" con el asunto de los expedientes de regulación de empleo.

Griñán explicó que el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales dependiente del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia importantísima, en la que dice que las actas, en cuanto que son acuerdos del Consejo de Gobierno, no son secretas, y que las deliberaciones que puedan constar en ellas o los asuntos que el Ejecutivo entienda que son reservados, se pueden excluir de entregarlos motivadamente. Tras esa sentencia, que da en parte la razón a la Junta, se ha remitido a la juez las actas "enteras, con puntos y coma", según señaló el presidente andaluz, quien espera que la juez sólo las pida por el tema en cuestión que le interesa y que "no sea por todo lo que hay en diez años de Consejos de Gobierno".

Ante la insistencia de los populares por intentar extender las ramificaciones de esta trama entre altos dirigentes del PSOE y consejeros de la Junta, Griñán lo achacó a la estrategia instaurada en el PP desde la etapa del ex presidente del Gobierno José María Aznar, lo que coincide "prácticamente con la llegada" de Javier Arenas al PP, y que consiste en "desacreditar a los adversarios políticos e incluso tratar de imputarlos judicialmente".