Adiós a las llamadas spam de las compañías eléctricas

Las llamadas spam de las compañías eléctricas están más cerca de convertirse en historia. El Gobierno ha aprobado un nuevo reglamento que endurece el control sobre las comercializadoras y refuerza las garantías para los consumidores, especialmente frente a contrataciones telefónicas poco claras y cambios de compañía sin consentimiento real.

La medida llega tras años de quejas por prácticas comerciales agresivas. Ofertas insistentes, grabaciones ambiguas y usuarios que descubrían en su factura que habían cambiado de empresa sin saber muy bien cómo. El objetivo ahora es cerrar esa puerta.

Más control en la contratación telefónica

A partir de ahora, las comercializadoras deberán acreditar de forma clara y verificable el consentimiento expreso del cliente. No bastará con una grabación confusa ni con aceptar condiciones de manera poco transparente.

Las sanciones también se endurecen. Las empresas que incurran en prácticas abusivas podrán enfrentarse a multas que pueden ir desde los 600.000 a 6 millones de euros, especialmente si hay reincidencia o engaño acreditado.

Además, se refuerza el derecho a no recibir comunicaciones comerciales. Las compañías tendrán que extremar el control sobre sus bases de datos y asegurarse de no llamar a quienes hayan manifestado su negativa, incluyendo a los inscritos en la Lista Robinson. El foco también se pone en las subcontratas y call centers, responsables en muchos casos de estas campañas.

Protección a los hogares beneficiarios del bono social

El reglamento aprobado introduce además medidas específicas para los consumidores más vulnerables. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán declarar esenciales los suministros eléctricos de los hogares beneficiarios del bono social, con el objetivo de evitar cortes de luz en caso de impago.

Se prohíbe, además, cortar el suministro a los consumidores electrodependientes, es decir, aquellas personas que necesitan equipos eléctricos para mantener funciones vitales.

En el caso de que un beneficiario del bono social quiera cambiarse al mercado libre, el nuevo comercializador estará obligado a presentarle una estimación anual detallada de la diferencia de precio respecto a lo que paga en el mercado regulado. Deberá, además, recabar su consentimiento expreso e informar mensualmente a la CNMC de estos movimientos.

Cambios en las refacturaciones por errores

Otra de las novedades afecta a los errores de lectura en las facturas. Si la refacturación es favorable al cliente, la empresa deberá devolver las cantidades cobradas indebidamente en el siguiente recibo, aplicando los intereses correspondientes más un 1,5% adicional.

Si, por el contrario, el error favorece a la comercializadora, el importe se prorrateará en tantos meses como los transcurridos desde el fallo, con un máximo de un año. Se evita así que el consumidor tenga que afrontar de golpe una cantidad elevada por un error que no le es imputable.

Un sector bajo mayor vigilancia

El mercado eléctrico ha sido uno de los más señalados por las asociaciones de consumidores. La complejidad de las tarifas, los cambios regulatorios y la dificultad para comparar ofertas han generado un contexto propicio para la confusión.

Con este nuevo marco, el Ejecutivo pretende restablecer la confianza y garantizar que cualquier cambio de compañía sea una decisión informada y libre de presiones.

Mientras tanto, los expertos recomiendan prudencia ante cualquier llamada comercial: no facilitar datos personales, pedir siempre documentación por escrito y revisar periódicamente la factura.

El consumidor no tiene por qué soportar prácticas opacas. Si la norma se aplica con rigor, las llamadas comerciales agresivas podrían dejar de ser una molestia habitual. Y muchos usuarios podrán, por fin, decir adiós al spam telefónico vinculado a las compañías eléctricas.