El PP pide que los precios de las viviendas municipales de San Fernando se ajusten a las necesidades de la población
De Alba asegura que las promociones de Hemsa no ofrecen ninguna ventaja frente a las del mercado privado y excluyen a quienes más necesitan una solución habitacional
Nuevo paso para la construcción de 109 viviendas públicas en la Ronda del Estero de San Fernando
El Partido Popular de San Fernando ha reclamado al gobierno municipal de Patricia Cavada que rectifique su modelo de vivienda pública y adapte el precio de las nuevas promociones de Hemsa al perfil real de los demandantes y a las necesidades sociales de los vecinos de la ciudad.
La portavoz municipal del PP, María José de Alba, ha asegurado que las viviendas promovidas por la empresa municipal presentan precios equivalentes o incluso superiores a los de promociones privadas ubicadas en la misma zona. Un hecho que, según ha señalado, desvirtúa por completo la finalidad social que debería caracterizar a cualquier política pública de vivienda.
“No tiene sentido hablar de compromiso social o de facilitar el acceso a la vivienda cuando las condiciones que impone el Ayuntamiento son calcadas a las del mercado libre. Las cifras están ahí y cualquiera puede comprobarlas. Las promociones de Hemsa en Ronda del Estero no suponen ninguna ventaja real para quienes necesitan una oportunidad”, ha declarado De Alba.
De esta forma, los populares explican que mientras el metro cuadrado para una vivienda de una habitación de una de estas promociones privadas está a 1.812 euros, el de una promoción municipal está a 2.200 euros. Lo mismo ocurre en el metro cuadrado de las viviendas de dos dormitorios, 1.787 euros frente a 2.201 euros, y el de las viviendas de tres dormitorio, 2.302 euros frente a 2.201 euros.
La portavoz popular ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con recursos propios —como el suelo público o el acceso a financiación y subvenciones— que permitirían reducir de forma notable el precio final de las viviendas, algo que, sin embargo, no se está produciendo.
De Alba ha sido especialmente crítica con las condiciones de acceso que impone el gobierno municipal, como el pago inicial del 30% del precio total o los requisitos hipotecarios idénticos a los del mercado privado, barreras que impiden a muchas familias jóvenes, trabajadores con sueldos modestos o personas en situación vulnerable acceder a una vivienda digna.
“Las viviendas públicas no pueden ser solo una etiqueta. Deben estar al servicio de quienes tienen más dificultades. Sin ventajas claras ni precios adaptados, estas promociones están condenadas a fracasar en su misión social”, ha afirmado.
Además, la edil popular ha censurado que el Ayuntamiento haya fijado un límite de ingresos de hasta 3.300 euros mensuales (5,5 veces el IPREM) como criterio para optar a estas viviendas, lo que, en la práctica, deja fuera a quienes realmente necesitan el respaldo institucional.
Propuestas del PP
Desde el Partido Popular, María José de Alba ha instado al gobierno municipal a corregir el rumbo de forma inmediata y ha propuesto una serie de medidas concretas: precios ajustados al perfil del demandante, que reflejen la realidad económica de las familias isleñas; incremento del parque municipal de alquiler, como fórmula más accesible para jóvenes y familias con ingresos bajos; criterios de adjudicación sociales y transparentes, priorizando a colectivos en situación de vulnerabilidad, y facilidades de financiación, con avales municipales que permitan reducir el pago inicial y acceder a hipotecas adaptadas.
Finalmente, De Alba ha recordado que el gobierno de Cavada no ejecutó ni un solo euro de los 100.000 euros previstos en el presupuesto de 2024 para apoyar el alquiler social, lo que considera una muestra clara de la falta de voluntad política para abordar con seriedad el problema de la vivienda.
“No se trata de hacer anuncios grandilocuentes ni de vender humo con cifras que no cambian nada. Se trata de hacer política útil, orientada al bienestar real de nuestros vecinos. Desde el Partido Popular seguiremos exigiendo una gestión responsable, transparente y verdaderamente social en materia de vivienda”, ha concluido.
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