Hasta el pasado mes de julio de 2020 no recibió el club náutico Casería de Ossio la primera notificación oficial del Ayuntamiento isleño para hacer frente al pago del canon por el uso de las instalaciones municipales que ocupa desde hace ochos años, una situación que ha terminado en manos del Tribunal de Cuentas y con un procedimiento de reintegro por alcance que señala como posibles responsables a la alcaldesa, Patricia Cavada, y a su predecesor en el cargo, José Loaiza, así como a sus respectivos concejales de Urbanismo, Claudia Márquez y Ángel Martínez.

Desde el club se ha lanzado un comunicado en el que se repasa la intrincada trayectoria de la obra de este puerto deportivo y, sobre todo, se asegura que en ningún momento han tenido intención de eludir el pago de dicho canon. Otra cosa es que nunca se le hubiese reclamado cantidad alguna desde el Ayuntamiento isleño. Lamentan desde la entidad que se lleven en el conflicto "la peor parte" al tener que asumir ahora una cantidad desorbitada por culpa de los retrasos del Ayuntamiento.

Exactamente, expone, el club tiene ahora que afrontar el pago de 157.073,55 euros por dicho canon, a los que se añaden los correspondientes recargos e intereses. En total, 183.796,20 euros que abonarán de manera fraccionada.

Con independencia de ello, el club confirma que ha recurrido el pago del canon por la vía judicial: "No somos los culpables de esta situación”, insiste en afirmar.

Fue en marzo de 2018 cuando tuvieron por primera vez noticia de que debían dinero al Ayuntamiento al intentar organizar unas actividades en colaboración con el Patronato de Deportes que chocaron con el interventor al existir –para su sorpresa– una deuda pendiente con el Consistorio. Aunque entonces, insisten, ni siquiera sabían que se trataba del canon por el uso de las instalaciones ni consiguieron que desde las oficinas de Hacienda se les explicara cuál era el problema que había con el club.

Aseguran que hasta el año siguiente –a raíz de la publicación de una información de este periódico relativa a los informes de fiscalización del interventor– no descubrieron de qué se trataba. Eso fue en enero de 2019. "Y así fue como nos enteramos de dicha deuda, que si se hubiese formalizado en tiempo y forma no existiría", lamentan.

Desde la directiva del club náutico se ha recordado además el penoso estado en el que le fueron entregadas las instalaciones del club náutico allá por 2012, de lo que responsabilizan al anterior alcalde, José Loaiza. Para poner a punto las instalaciones que estaban a medio terminar –insisten– tuvieron que hacer un desembolso de 670.738,57 euros. "Esto nos lleva a preguntarnos quién firmo la finalización de los distintos tramos de obras y, si se pagó la totalidad del importe del proyecto, ¿por qué no se terminó?, ¿quién fiscalizó la finalización de la obra? Son preguntas a las que nunca hemos obtenido respuesta", sostienen.