Los achaques que arrastra un gobierno en minoría se hacen más patentes a medida que las municipales se acercan y el contador se pone a cero para la contienda electoral que se avecina.

Hace un par de meses, el ejecutivo de Cavada se quedó sin el apoyo de Cs para sacar adelante el préstamo bancario de casi ocho millones de euros que necesitaba para financiar las inversiones a pesar de que, anteriormente, la formación naranja había propiciado con su abstención la aprobación de los presupuestos en los que se recogía dicha operación de crédito.

Y, ahora, ha sido el gran contrato de la limpieza, que se pretende desde hace años y cuya licitación lleva en curso un año. Ciudadanos ha pasado en pocos días de hablar explícitamente de la imposibilidad de prorrogar por más tiempo el contrato –y, por ende, la situación actual de la limpieza en la ciudad– a decir justo lo contrario ante la presión ejercida por la plantilla de trabajadores, que defiende sus intereses para asegurarse un nuevo convenio colectivo en medio de este periodo de transición que supone la marcha de Urbaser y la llegada –si finalmente no hay marcha atrás en el proceso– de Cespa.

Y si a finales de año el gobierno en minoría de Patricia Cavada y Fran Romero se aseguró el dinero para el grueso de las inversiones proyectadas al rebajar la cuantía de los préstamos y evitar así su paso por el pleno, ahora ha maniobrado nuevamente para ganar tiempo. De ahí que el pasado jueves optara por retirar del orden del día el punto relativo al nuevo contrato de la limpieza. Intenta evitar que quede bloqueado ahora que el proceso de licitación está a punto de concluir con la adjudicación a una nueva empresa propuesta desde la mesa de contratación.

No lo tiene fácil. Sin los votos suficientes en el pleno y con la oposición frontal de los trabajadores al nuevo contrato –que se ha conocido ahora, tras hacerse pública la propuesta de adjudicación a Cespa– hay un gran riesgo de encallar, lo que además puede acarrear inciertas consecuencas para el propio Ayuntamiento.

Cespa se ha reunido con los responsables sindicales de CCOO y UGT para lanzar un mensaje de tranquilidad y trasladarles –incluso por escrito– su compromiso de que está plenamente dispuesta a negociar un nuevo convenio colectivo con la plantilla en el plazo de un mes a partir de la puesta en marcha del nuevo contrato. Incluso habla de que "no habrá congelación salarial" durante los cuatro años de vigencia del contrato. Es decir, que deja la puerta abierta a posibles incrementos salariales que en su momento tendrán que ser objeto de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores.

Si esta declaración de intenciones –nada habitual, por cierto– tiene el efecto esperado en los ánimos de la plantilla y permite reconducir la tramitación del contrato se sabrá en los próximos días. Así, desde luego, lo espera el equipo de gobierno, que confía en que se pueda reconducir la situación para retomar la trámitación administrativa.

Aunque, de momento, ese compromiso no consiguió evitar la concentración a las puertas de la Alcaldía que se llevó a cabo el pasado viernes. Allí el mensaje que lanzaron los representantes sindicales no varió demasiado con respecto a lo dicho con anterioridad: quieren asegurarse un convenio a largo plazo y con mejoras antes de que el servicio pase a manos de otra empresa y rechazan el pliego de condiciones del contrato porque entiende que les deja poco margen de negociación. El lunes volverá a reunirse el comité de empresa para abordar ese compromiso de Cespa a negociar el convenio.