El Bartolo reclama a Costas la "plena nulidad" del deslinde de la playa de La Casería en San Fernando

La cantina de El Titi-El Bartolo va a pelear con Costas por su continuidad en la playa de La Casería, donde el negocio lleva abierto –hay constancia documental de ello– desde 1936. Esta semana, los propietarios del popular establecimiento se han anotado un sonado tanto judicial al conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que falla a su favor en la tentativa de la Demarcación de retirarle la prórroga de la concesión otorgada por Medio Ambiente (Junta de Andalucía) en 2014. Pero hay más. Contra todo pronóstico, la historia de los derribos en la playa de La Casería no está ni mucho menos acabada. Todavía tiene por delante varios capítulos. Y, lo más importante, el final tampoco está escrito.

Hay un movimiento de ficha en el tablero que podría cambiar por completo el escenario que se ha instalado en la playa de La Casería desde que en noviembre de 2020 se lanzaran los expedientes de recuperación posesoria que culminaron con la demolición de las coloridas casetas y que estuvieron también a punto de llevarse por delante a los negocios de hostelería: solo los recursos judiciales frenaron los derribos en estos dos casos y permitieron ganar algo de tiempo.

Ahora, El Bartolo ha pedido una revisión de oficio reclamando a la Dirección General de la Costa y del Mar –dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico– la nulidad de pleno derecho del deslinde aprobado en 2002, que afecta a toda la zona de dominio público marítimo terrestre en el tramo de costa de unos 3.685 metros que discurre entre La Clica (el caño de las Astillas) y Caño Herrera.

Dicha petición de oficio de la orden ministerial que aprueba el deslinde –confirmada por sus abogados, José Antonio y Julia Gamero– se fundamenta en un error cometido en el procedimiento administrativo. Un fallo de forma que podría ser garrafal: a los propietarios de esta cantina, a diferencia del resto de interesados, no se les notificó el deslide, con lo cual se omitió el obligado trámite de audiencia dejándoles en una situación de indefensión ya que además no tuvieron la oportunidad de acogerse a las disposiciones transitorias que establece la Ley de Costas, que hubiesen resultado especialmente ventajosas.

De hecho, la orden ministerial hacía referencia explícita a "la existencia de posibles derechos de participantes que hayan quedado afectados por este deslinde" para manifestar "que está prevista su transformación en derechos de usos en la disposiciones transitorias de la Ley de Costas". Y eso se traduce en concesiones de larga duración que podrían haber solicitado en el plazo de un año y que, evidentemente, habrían llevado hoy a un escenario completamente distinto en La Casería.

En el expediente del deslinde, de hecho, no consta ni se hace referencia en ningún momento a los titulares de la cantina de El Titi-El Bartolo, ni a que se les diera audiencia o mediara citación o requerimiento alguno, aunque sí al resto de interesados, lo cual –se anota en la revisión de oficio solicitada– no deja de sorprender. Sobre todo porque el establecimiento contaba previamente con una autorización de Costas para el ejercicio de su actividad que se remontaba al año 1992 como "cantina de uso público", una resolución oficial en la que, además, se alude a que "se acredita su antigüedad al menos desde 1936". Así que la administración tenía sobrado conocimiento de la existencia del negocio y de la actividad que venía ejerciendo y, aún así, no se les notificó el deslinde, expone la defensa de El Bartolo al explicar sus argumentos.

Los propietarios del establecimiento no tuvieron conocimiento alguno de que se estaba tramitando el procedimiento administrativo de deslinde ni nadie les advirtió de que podrían estar afectados sus derechos, apuntan desde el bufete de Gamero. De ahí que la orden ministerial se considere de nula de pleno derecho ya que se les "ocultó" el procedimiento y eso impidió que ejercitaran sus derechos durante el mismo y que, posteriormente, pudieran recurrir la orden o solicitar la aplicación de las disposiciones transitorias de la Ley de Costas.

Ocurre también que dicha orden ministerial relativa al deslinde de Costas aprobado en 2002 no fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No empezaría a hacerse con este tipo de trámites hasta el año 2007. Hasta esa fecha, eran órdenes comunicadas, que se enviaban a cada uno de los propietarios e interesados que constaban en el expediente de deslinde. Pero eso no ocurrió con El Bartolo, que no estaba incluido en el procedimiento, lo que se considera que agrava todavía más el déficit de publicidad de los trámites llevados a cabo en su día: no tuvieron ninguna oportunidad de oponerse a dicho deslinde o de ejercer acciones para defender sus intereses.

La revisión de oficio se solicitó hace ya varios meses, si bien la Dirección General de la Costa y el Mar todavía todavía está en plazo para responder a la petición. No obstante, de no mediar acuerdo en próximas fechas, el trámite se concibe como el primer paso antes de presentar un recurso en la Audiencia Nacional pidiendo la anulación del deslinde de 2002 –con todo lo que eso podría implicar después de los derribos– al no haber sido debidamente notificado en su momento a los titulares del establecimiento afectado, que contaban incluso con una autorización anterior que se remonta al año 1992 para estar allí y operar como cantina.

El precedente de La Almadraba

Se trata, de hecho, de un caso bastante similar al ocurrido años atrás con la barriada de La Almadraba, que tras varios años de tensión y conflicto terminó con un acuerdo entre Costas y los 120 vecinos afectados, a los que tampoco se les había notificado previamente el trazado del deslinde.

En este otro caso, que también llegó a la Audiencia Nacional, se optó por dar trámite de audiencia a los interesados sin anular la norma con posterioridad a la aprobación de la orden dándoles la oportunidad de alegar, lo que llevó a modificar la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros dejando fuera a las viviendas afectadas.

¿Qué pasa ahora con la prórroga de la concesión?

De lograrse la nulidad del deslinde, la situación de El Bartolo –amenazado desde 2020 por el derribo– podría cambiar por completo. Tras la sentencia del TSJA que rechaza la petición de Costas de dejar sin efecto la concesión otorgada por Medio Ambiente en 2014 que se ha conocido esta misma semana, el establecimiento está pendiente de que se resuelva una nueva prórroga solicitada en 2024. Todavía se está a la espera de que la Junta de Andalucía se pronuncie al respecto. Y, como es de esperar, la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico se opone a cualquier intento de prorrogar la concesión ya que sus planes pasan por completar los expedientes de recuperación posesoria de la zona de dominio público y consumar el derribo de las edificaciones que quedan en la línea de playa, como hiciera hace cuatro años con las casetas. No obstante, todo este panorama se ve condicionado ahora por la revisión de oficio ejercida por los propietarios de la popular cantina pidiendo la nulidad del deslinde, que tiene visos de terminar en la Audiencia Nacional.

En la playa de La Casería, Costas prevé la adecuación de un paseo peatonal de 800 metros de longitud que se extenderá desde la punta de la playa hasta la zona del cementerio de San Carlos (o de los Ingleses, según la denominación popular). Dicho proyecto, no obstante, no cuenta todavía con ninguna partida presupuestaria asignada ni se ha tramitado su licitación ni ningún contrato al respecto, si bien hace ya cuatro años que se dieron a conocer los detalles de la actuación que se pretende acometer en la zona.

En el pasado mes de noviembre se cumplieron cinco años desde que Costas lanzara los 59 expedientes de recuperación posesoria que, tras año y medio de polémica, tensiones y protestas, acabaron con la demolición de las casetas que se repartían por toda la línea de playa.

En el verano de 2025, el TSJA dictó también sentencia con respecto al recurso presentado por el otro negocio de hostelería afectado, el merendero La Corchuela. En esta otra ocasión, el Alto Tribunal andaluz falló a favor de Costas, si bien el objeto del recurso no era una concesión sino el propio procedimiento de recuperación posesoria de la zona de dominio público marítimo terrestre que había entablado Costas años antes, cuya legitimidad se vio confirmada. Los titulares del establecimiento anunciaron que recurrirían al Supremo.