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AxSí exigirá en el Pleno medidas ante las denuncias de represalias internas en la Policía Local de San Fernando

La formación pide que se garantice a los policías que no se castigará "el ejercicio de la acción sindical, la libertad de expresión y la participación en movilizaciones"

Los sindicatos de la Policía Local de San Fernando denuncian supuestas represalias internas a los participantes en las manifestaciones

Imagen de la última manifestación de los sindicatos policiales a las puertas del Ayuntamiento. / Antonio Zambonino

El coportavoz del Grupo Municipal AxSí, Lolo Picardo, ha dado detalle de una de las mociones que la formación llevará al próximo Pleno ordinario. A través de ella, los andalucistas exigirán al equipo de gobierno de Cavada que adopte diversas medidas para mejorar la situación de la Policía Local de San Fernando. En primer lugar, AxSí solicitará que se dé cumplimiento a su moción, aprobada por unanimidad el pasado mes de octubre, en la que se solicitaba un plan integral de modernización y refuerzo de la Policía Local. En segundo lugar, la formación exige al gobierno municipal que, en el plazo máximo de 15 días, elabore un informe por parte del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento sobre los criterios, indicadores, procedimiento, órganos intervinientes y motivación utilizados en las valoraciones para el acceso, permanencia, adscripción o cambio de destino en puestos, unidades o servicios la Policía Local, garantizando la trazabilidad administrativa de las decisiones adoptadas.

A través de la moción los andalucistas también solicitan que se apruebe un reglamento interno de provisión y adscripción de puestos para la Policía Local que incluya criterios objetivos de baremación, obligación de motivación individualizada, sistema de revisión interna con garantías, publicidad suficiente y concurrencia cuando proceda y prohibición expresa de elementos discrecionales no verificables. Por último, la formación pedirá en el Pleno que se articulen medidas para garantizar expresamente que ningún agente pueda sufrir perjuicio profesional, retributivo o funcional por el ejercicio legítimo de derechos fundamentales como la acción sindical, libertad de expresión y participación en movilizaciones autorizadas.

“En el Pleno del pasado mes de octubre, elevamos una propuesta en defensa de la modernización y el refuerzo de la Policía Local, abordando carencias estructurales largamente cronificadas que se extienden a todos los recursos humanos del ayuntamiento, a saber: plantilla insuficiente y envejecida, ausencia de medios materiales imprescindibles, regulación de segunda actividad, actualización de la RPT y VPT, condiciones laborales o prevención de riesgos laborales. Para conseguir estas medidas en un plazo razonable de tiempo se solicitaba igualmente la constitución de una órgano de negociación y seguimiento entre las partes. El grupo socialista no intervino, calló pero votó que sí una vez más de cara a la galería pues todo lo aprobado sigue sin respuesta por parte de la señora Cavada”, explica Picardo.

“A mayor abundamiento, en las últimas semanas se ha producido un grave empeoramiento del clima interno en la Policía Local tras hacerse pública una denuncia de sindicatos policiales que advierte de posibles represalias internas y vulneraciones del derecho fundamental a la libertad de expresión y a la acción sindical. Según dicha denuncia pública, determinados procedimientos de valoración para el acceso, permanencia o desempeño en puestos, unidades y destinos estarían utilizándose como instrumento de castigo, afectando especialmente a delegados sindicales y a agentes que han participado de manera visible en movilizaciones legalmente autorizadas o que mantienen posiciones críticas respecto a la gestión del gobierno socialista”, señala el concejal.

Para AxSí la gravedad de este escenario no radica únicamente en el conflicto laboral en sí, sino en lo que podría implicar institucionalmente: que decisiones con impacto directo en la carrera profesional, condiciones laborales y organización del servicio estén siendo adoptadas sin objetividad, transparencia, igualdad y respeto a los principios constitucionales de mérito y capacidad.

La señora Cavada no puede guardar silencio ni jugar con derechos fundamentales y un miedo interno que debilita un servicio público esencial. Por ello, resulta imprescindible adoptar medidas inmediatas orientadas a reforzar la transparencia, trazabilidad administrativa, motivación profesional y paz social del servicio, evitando cualquier sombra de represalias y asegurando que las decisiones organizativas se basen en criterios técnicos, objetivos y verificables”, concluye Picardo.

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