UGT-Justicia exige más plantilla para evitar el colapso de los Juzgados

La sede judicial isleña sigue a la espera de la creación del cuarto juzgado para aliviar la elevada carga de trabajo que soporta y que, según la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se sitúa por encima del 80 por ciento de la media que fija como tope para cada sala el Consejo General del Poder Judicial.

La situación en los Juzgados de San Fernando dista mucho de ser idónea, pero la plantilla esperaba que la puesta en marcha de la nueva oficina de servicios comunes del partido judicial ayudaría a contrarrestar -y a agilizar- esta sobrecarga de trabajo.

Los servicios comunes, cuya implantación fue aprobada por la Consejería de Justicia en 2010, empezaron a funcionar el pasado 1 de enero de la misma forma que en otros partidos judiciales. Sin embargo, lejos de ayudar a solventar la carga de trabajo que existe, la situación ha empeorado porque el personal de la nueva oficina, además de ser insuficiente, ha sido trasladado de otras dependencias, como el Registro Civil, que ha quedado tan sólo con un funcionario al frente.

La sección sindical de UGT-Justicia, que ya antes de la puesta en marcha de los servicios comunes mostró su rechazo a la reordenación de efectivos que se proponía llevar a cabo, ha exigido a la Junta el incremento inmediato de la plantilla para evitar el colapso de la sede judicial isleña.

La medida -afirman desde el colectivo sindical- es positiva, un paso necesario para la modernización de la oficina judicial. Y su eficacia se ha demostrado en otras localidades en las que ya se ha implantado. No obstante, en el caso de La Isla, UGT-Justicia considera que será inviable y hasta contraproducente debido a la reordenación y ajustes de la plantilla que la Consejería ha llevado a cabo a partir de otras dependencias.

Los servicios comunes, explican, sólo han contemplado la creación de una nueva plaza, aunque la oficina en cuestión tendrá cinco funcionarios: dos gestores, un tramitador y dos auxiliares judiciales. Tres de los trabajadores se incorporarán desde el decanato, lo que UGT-Justicia considera lógico dadas las funciones a desempeñar. Y uno procede del Registro Civil, que tan sólo queda a cargo de un funcionario. El colectivo sindical afirma que la situación -en los 20 días que lleva funcionando- ya se ha dejado notar y que el Registro Civil ha quedado saturado.

Por otro lado, considera que la plantilla de cinco funcionarios resulta insuficiente para atender el volumen de trabajo de los tres juzgados, que pronto -igualmente- se verán colapsados al no ir saliendo el trabajo. En partidos judiciales similares al de San Fernando -dice UGT-Justicia- los servicios comunes tienen plantillas dotadas de mayor personal, como ocurre por ejemplo en Sanlúcar o El Puerto, que tienen respectivamente 8 y diez funcionarios , casi el doble.