La polémica por el rótulo colocado en la fachada del Ayuntamiento de San Fernando al término de las obras de rehabilitación ha llegado al Defensor del Pueblo Andaluz de manos de la formación política Plataforma 3R, que ha solicitado que se active de oficio un expediente de responsabilidad patrimonial para que los costes de dicha instalación y de la correspondiente sanción que impondrá Cultura -que podría llegar a los 100.000 euros- no recaiga sobre las arcas públicas. 

El partido que coordina Juan José Fornell, que carece de representación en el Ayuntamiento isleño y que no se presentó  a las elecciones municipales de 2019, pretende que sea la alcaldesa la que, como máxima autoridad, "asuma su responsabilidad" y responda con su patrimonio "al haber soslayado el ordenamiento jurídico en materia de patrimonio histórico, simulado obediencias y acatamientos que no se materializa e ignorado hasta en dos ocasiones los requerimientos de instituciones públicas democráticas, constituyendo un auténtico pulso y desafío al Estado de Derecho y al principio de legalidad". 

La formación ha arremetido contra la actitud del gobierno municipal al no hacer caso ni al primer requerimiento amistoso que se realizó en el pasado mes de febrero ni al segundo requerimiento formal, "lo que ha dado lugar a ese expediente sancionador contra el Ayuntamiento de San Fernando, contra el erario público, contra el contribuyente isleño". 

De ahí que haya solicitado a esta institución "que desempolve el artículo 25 de la Ley de Defensor del Pueblo Andaluz para el restablecimiento de la situación e indemnidad patrimonial -en este caso de la administración local- frente a la actuación personal de autoridad y/o funcionario público, en el marco del expediente sancionador incoado recientemente por la Delegación Territorial de Cultura y Fomento de Cádiz por la colocación del ya famoso rótulo".