San Fernando

El PP reclama que el coste del rótulo del Ayuntamiento lo asuma el responsable de su colocación

  • La formación considera que los gastos del letrero y de su retirada debe pagarlo la persona que ordenó su colocación sin la autorización de la Junta

Letrero de Casas Consistoriales en el Ayuntamiento de San Fernando.

Letrero de Casas Consistoriales en el Ayuntamiento de San Fernando. / Román Ríos

"Queremos saber tanto quién ordenó poner el letrero de Casas Consistoriales en la fachada del Ayuntamiento, como la persona que autorizó su colocación". El Partido Popular (PP) de San Fernando reitera su petición a la alcaldesa del pasado marzo y advierte de que el coste de las letras, su colocación y la retirada a la que está obligada la administración por la Junta de Andalucía la asuma ese responsable.

Hace unos meses la formación exigió al gobierno municipal que iniciara un expediente de responsabilidad patrimonial de las autoridades y empleados públicos, como recoge el Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 36, "para que se dirima esa responsabilidad y al final paguen los responsables de sus propios bolsillos y no con fondos públicos".  

Las letras corpóreas con la leyenda Casas Consistoriales se instalaron hace un año en la portada del Ayuntamiento isleño, recuerdan los populares, pero no contaban con la autorización del órgano competente, en este caso la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Al tratarse de un monumento con la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), cualquier modificación o cambio debe ser supervisado y contar con la autorización de la instancia superior.

Por eso ahora que se ha conocido el expediente sancionador al Ayuntamiento por no retirar el rótulo el PP insiste en una respuesta urgente a la pregunta de por qué se colocó ese rótulo sin contar con autorización, "la misma que se le exige a cualquier ciudadano".

La formación cuestionó en su momento que la alcaldesa, Patricia Cavada, eliminara el azulejo del Sagrado Corazón con el pretexto de que no era un elemento original del edificio, pero impusiera un rótulo de acero inoxidable. "No puede gobernar lo público desde la prepotencia. Sus decisiones, como las del resto de ciudadanos, encuentran amparo y límite en la Ley. No pueden saltarse las normas a su antojo y mucho menos haciendo uso del dinero de todos", abundan.

Los casi 10.000 euros del rótulo y los gastos de colocación y retirada del mismo no deben salir del Ayuntamiento y por tanto del "bolsillo de los isleños" sino de quien partiera la autorización. "Saltarse la ley no puede salir gratis", finaliza.

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