El equipo de gobierno, Ciudadanos (Cs) y la concejala no adscrita, Inmaculada C. López, coincidían en reconoce la "mala" gestión que ha llevado a cabo el Consorcio y la Diputación Provincial en torno a la nueva tasa para el tratamiento de residuos. Tanto por su retraso en la tramitación, al tener que haber comenzado a cobrarse en 2016, como por la falta de información que ha sufrido el ciudadano. Antes las dudas surgidas por este impuesto, además, el gobierno municipal ha solicitado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe sobre la legalidad de la tasa.

"Hemos decidido dar un paso el frente para que los isleños tengan todas las garantías de su legalidad", expone el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que reconoce el desconcierto que el aviso de la tasa ha provocado en la ciudadanía, incluso con dudas acerca de su legalidad. El edil socialista ha mantenido varias reuniones con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos y con la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe).

Ayer el grupo municipal Ciudadanos lamentaba que PP y PSOE se hubieran enfrascado en una disputa sobre la nueva tasa de tratamiento de residuos cuando "la realidad es que ambos partidos tienen la culpa de que los isleños vean mermados sus bolsillos con este impuesto". Su portavoz, Mayte Mas, recordaba que la tasa nació estando de presidente de Diputación y de alcalde de San Fernando José Loaiza. "Parece que al PP en la oposición se le han olvidado algunas cosas, esta tasa o el inicio y desarrollo de las obras del tranvía, entre otras", puntualizaba.

En esa línea se pronunciaba también Podemos San Fernando, cuyo coordinador local, Ernesto Díaz, criticaba por partida doble a los populares: "Por que fue su gobierno en Diputación quien aprobó la tasa y por querer ahora retirar el impuesto y pedir que lo asuma el Ayuntamiento sin pedir ningún tipo de estudio económico". Por su parte la concejala no adscrita, Inmaculada C. López, se quejaba del "nivel de utilización con que está llevando el Partido Popular el tema, que sabe –como sabemos todos– que si el pago de la tasa lo asume el Ayuntamiento sería repercutiendo en otros impuestos, como el IBI".

La portavoz de la formación naranja lamentaba  que el PSOE –que controla el Consorcio, la Diputación y por tanto el Servicio Provincial de Recaudación– hubiera tardado dos años en iniciar el cobro "y ahora son los isleños quienes pagan los errores de unos y otros". De "pésima", tachaba Inmaculada López, por su parte, la gestión de Consorcio como de la Diputación en este asunto por la falta de información al ciudadano.

En cierta forma, es compartida esta visión por el gobierno municipal que informaba ayer en un comunicado de que había solicitado una reunión urgente con el presidente del Consorcio, Javier Pizarro, y el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial, para poner sobre la mesa esta "deficiente" gestión. Ha faltado, reconocían, una campaña de comunicación e información a la ciudadanía "con la suficiente antelación". "Sobre la importancia de la tasa, sobre el porqué debe existir, en qué contribuimos pagándola", añadía en esa misma línea la edil no adscrita. "Debemos ser conscientes de nuestra repercusión en el medio ambiente. Los residuos no se tiran al contenedor y un camión los recoge. Después es necesario un tratamiento adecuado", dejaba claro.

Otra cuestión que ponía de relieve López era la falta de facilidad de pago que se plantea. "Los ciudadanos no estamos pasando tiempos fáciles y no nos sobra el dinero, para de repente desembolsar una cantidad importante por tener que abonar los dos años anteriores. No es igual pagar 38 euros que el doble". Por eso se suma a las peticiones para que haya una modificación de ordenanza.

En el caso de Cs se pedía "celeridad" al equipo de gobierno en la revisión de la tasa. "No podemos cargar más impuestos sobre la espalda de los ciudadanos en general, ni de los emprendedores y negocios", advertía Mayte Mas. "No hace sino apretar más la soga de los empresarios", lamentaba la concejala no adscrita, que también hablaba de la necesidad de bonificaciones o exenciones para personas con dificultades económicas contrastadas.

El expediente de modificación ya está abierto, explicaba en este sentido el concejal de Presidencia hace unos días precisamente para eliminar esa deficiencias de la tasa. "Los vecinos de San Fernando no deben pagar los problemas de gestión del Consorcio Bahía de Cádiz y del Servicio de Recaudación de la Diputación", asumía Rodríguez que habla además de condiciones de pago "acordes a las posibilidades de cada persona, adaptándose a las condiciones particulares y empresariales".