La plataforma 45 sin Despidos, que intenta luchar por los militares no permanentes que a los 45 años se quedan sin trabajo por la aplicación de la Ley de Tropa y Marinería demanda la derogación de la norma y la incorporación de los que en estos últimos años han salido de los tres ejércitos. Es lo que ha transmitido a quienes han acudido a las reuniones que en las últimas semanas han tenido en la ciudad. Estos encuentros seguirán desarrollándose para llegar al mayor número de afectados.

La situación en la que se encuentran hace que estos militares de tropa y marinería defiendan mantener su puesto de trabajo en las Fuerzas Armadas. Para empezar cuestionan que la única parte de la Ley que se aplica es su salida de los ejércitos, pero no otros compromisos con los efectivos. No se cumple con el periodo de formación de dos años antes de su marcha con los que se planteaba dar herramientas a estas personas para afrontar su paso a la vida civil y por tanto a un mercado laboral muy complicado. Una vez están fuera no se lleva a cabo el seguimiento durante un año que forma parte del compromiso. Hay que recordar que soldados y marineros se enfrentan cuando acuden a los servicios de empleo, en Andalucía el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con el problema de que la especialización y los cursos que han hecho como militares no les sirve, no les computa, y que en algunos casos parten desde cero, como si no tuvieran experiencia laboral.

Ni se les aplica el Estatuto de los Trabajadores ni los consideran funcionarios

La salida laboral en esas circunstancias es complicada, incluso cuando están dentro de las Fuerzas Armadas, por las pocas plazas que se convocan para ser permanentes. Ni siquiera se cumple con algunas intenciones: como la posibilidad de que salieran plazas en Aduanas para ellos, que finalmente eran para militares permanentes, se quejan.

El quid de la cuestión es su condición laboral, una situación alegal o en el limbo por que ni son trabajadores, y por tanto no se les aplica, el Estatuto de los Trabajadores; ni funcionarios. Un compromiso, que es lo que firman ellos con las Fuerzas Armadas, no está contemplado como fórmula en el Estatuto de los Trabajadores, que no aceptaría esas vinculaciones de dos o tres años, renovables por otros dos o tres años hasta un máximo de seis, para sumar luego el compromiso de larga duración hasta 45 años y quedar entonces en la calle. Pero tampoco se les considera empleados públicos, lo que les daría una serie de derechos de los que no se benefician. "Aunque sí nos quitaron la paga extraordinaria como a los funcionarios", ironiza Enrique Estévez, un ex marinero desde noviembre reservista de especial disponibilidad que lucha por una solución digna para quienes están afectados por esta Ley que consideran injusta.