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San Fernando

El Defensor del Pueblo insta al Ayuntamiento de San Fernando a que incoe un expediente de responsabilidad patrimonial por el polémico rótulo

  • El equipo de gobierno subraya que se trata de una recomendación que hace la institución y recuerda que la dirección facultativa de la obra sigue defendiendo lo correcto de la actuación, aunque en su momento se optara por acatar la resolución de Cultura para rehuir la polémica y no empañar la rehabilitación del Consistorio

  • El expediente sancionador de Cultura supuso una multa de 3.000 euros para el Ayuntamiento 

Operarios trabajando en la colocación del rótulo, que posteriormente fue retirado.

Operarios trabajando en la colocación del rótulo, que posteriormente fue retirado. / Román Ríos (San Fernando)

El Defensor del Pueblo ha dirigido una recomendación al Ayuntamiento isleño en la que le insta a promover la incoación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial "ante los sujetos, autoridades o personal a su servicio que fueran determinados tras el procedimiento específico tramitado" a raíz de la colocación del polémico rótulo que se puso en la fachada principal del Consistorio isleño durante la recta final de las obras de rehabilitación y que tuvo que ser posteriormente retirado por orden de Cultura al considerar que no cumplía la normativa. 

Dichos trabajos para la retirada de las letras tuvieron un coste para las arcas municipales de 14.238,99 euros, a lo que se suma la multa de 3.000 euros con la que concluyó en 2021 el expediente sancionador abierto por la Junta de Andalucía al desestimarse el recurso de alzada del Consistorio.  

El escrito remitido por el Defensor del Pueblo, con fecha del día 8 de junio, responde a la queja cursada en este sentido por la formación política local Plataforma 3R, que carece de representación en el Ayuntamiento isleño y que no se presentó a las últimas elecciones municipales. 

En dicho oficio se insta al Ayuntamiento isleño a promover el citado expediente al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un supuesto de responsabilidad patrimonial al haberse acometido "unas actuaciones manifiestamente contrarias a la normativa, merecedoras de un reproche sancionador y cuya reparación ha exigido un gasto añadido al erario municipal". 

"Ante tal situación, parece coherente aguardar que se acometa por impulso municipal la actuación consecuente ante los hechos producidos para promover dicho expediente de responsabilidad patrimonial", expone el Defensor del Pueblo. El citado procedimiento, llegado el caso, supondría identificar a los responsables de la colocación del rótulo para que respondieran con su propio patrimonio del coste causado a las arcas municipales por, supuestamente, actuar deliberadamente en contra del patrimonio. 

Desde el equipo de gobierno se ha subrayado que lo que hace el Defensor del Pueblo es "una mera recomendación, que se analizará debidamente y que entra dentro del funcionamiento normal de las instituciones".

Eso sí, el ejecutivo no ha ocultado su sorpresa ante el hecho de que una institución como la del Defensor del Pueblo "entre en una cuestión de este tipo, buscando responsabilidades de autoridades y funcionarios,  cuando se trata de una decisión jurídicamente controvertida, discutida incluso por la dirección facultativa y el propio Ayuntamiento".

Incluso, se recuerda, por parte de la dirección facultativa de la obras se sigue manteniendo lo correcto de la actuación desarrollada "a pesar de que el equipo de gobierno decidió acatar la instrucción de la Junta de Andalucía para no darle mayor difusión a este asunto ni alimentar polémicas que empañaran una actuación tan relevante como la rehabilitación del Ayuntamiento, con independencia de la discusión jurídica del trasfondo".

En este sentido, frente al expediente de reclamación patrimonial que propone el Defensor del Pueblo, se insiste desde el equipo de gobierno en que "no existe dolo o culpa o intención alguna por parte de Ayuntamiento o funcionarios, de ir en contra de ninguna normativa de Cultura".

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