El gobierno de San Fernando ha mostrado su apoyo expreso a los taxistas de San Fernando, que lucha junto al sector del taxi en Andalucía por la decisión de la Junta de Andalucía de regular el sector de los Vehículos con Conductor (VTC) lo que puede incurrir en desigualdades y suponer una competencia desleal para este servicio. En La Isla el taxi da sustento a un total de 68 familias.

La alcaldesa, Patricia Cavada, recuerda que se trata de un servicio público esencial y fundamental que está sujeto a autorizaciones administrativas, así como a regulaciones de tarifas estrictas, ya que es una actividad controlada y con revisiones periódicas. El sector, insiste, está formado por autónomos y pequeñas empresas, y siempre apuesta por la calidad del empleo y por hacer todos los esfuerzos posibles para ofrecer el mejor servicio posible, implicado en cada iniciativa que es ventajosa para la ciudad. Se trata, aplaude, de un servicio que puede garantizar los mínimos de calidad en la prestación, y que tiene muy presente la protección de los derechos del consumidor.

Frente año, advierte, de que el sector de los VTC parte de otras exigencias que impiden que haya una igualdad de condiciones y que ponen en peligro y suponen una amenaza para la supervivencia del taxi. La nueva regulación que plantea la Junta, defiende Cavada, debe proteger en el caso de San Fernando a las 68 familias que viven del taxi y evitar perjuicios a este sector que contribuye al crecimiento y al sostenimiento de los servicios públicos en San Fernando.

Por eso, exige el Gobierno andaluz "que escuche al sector, que se siente engañado; que sea más transparente, se deje de oscurantismos y les haga llegar al menos el borrador de la normativa que está preparando, de la que solo tienen noticias por la prensa, para que puedan presentar aportaciones o alegaciones; y que busque la igualdad de condiciones real como se ha hecho en otras regiones".