Arjona insiste en que los cursos de FPO no se hacen "por la Junta"

El orden cronológico en que se sucedieron los trámites y acciones para conseguir que se realizaran los cursos de Formación Profesional Ocupacional demuestra, defiende la delegada de Fomento, Cristina Arjona, que la Junta de Andalucía es la única responsable de que finalmente no se hayan desarrollado estas actividades formativas en la ciudad. "El retraso no es nuestro, como asegura el PSOE, sino de la Junta que no desembolsó el primer pago para el curso hasta un año después de que lo aprobó y tenía que hacerlo", advirtió.

Arjona contestó ayer, sobre los cursos de FPO que finalmente no se hará en la ciudad -solicitados a la entonces Consejería de Empleo en septiembre de 2011-, a las críticas del concejal socialista Conrado Rodríguez, que lo achacaba al retraso del Ayuntamiento en pedir la prórroga para que se llevaran a cabo estas acciones de formación. La delegada municipal hizo un repaso de todos los trámites y recordó que la solicitud de septiembre de 2011 se aceptó en diciembre de ese año, pero que aun cuando la Junta tenía entonces que entregar el 50% de su coste esto no se produjo. "Luego vinieron los cambios en el Gobierno andaluz. El anterior delegado dimitió en abril, no se nombró a la nueva -Angelines Ortiz- hasta finales de julio y se solicitó una reunión con ella y otra con Fernando López Gil el 1 de septiembre de 2012". Con la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se citaron el 20 de noviembre y obtuvieron el compromiso de que pagarían pronto. "Nos dijeron que pidiéramos una prórroga y lo hicimos", señala la edil popular. La primera cantidad llega el 28 de noviembre y la segunda el 27 de diciembre -"un año después, matiza-, pero al final la Junta rechaza la prórroga pedida. "¿Quién incumple los plazos? ¿Por qué pagan una parte si estamos fuera de tiempo entonces?", se cuestiona.

Cristina Arjona sacó a relucir además que el Ayuntamiento espera desde hace dos años la puesta en marcha del taller de empleo Isla Parlamentaria, que no puede realizarse "por la falta de una firma" de la consejera de Educación, área a la que Empleo transfirió esa competencia.