Las defensas de los ex trabajadores de Delphi esperaban que el juicio previsto para hoy en el Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz se aplazase, pero finalmente se celebró y quedó visto para sentencia. En esta vista se trataba de dirimir la responsabilidad de los 416 antiguos operarios que cobraron prestaciones por desempleo del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) después de haber recibido cursos de formación por parte de la Fundación Universidad Empresa (Fueca) durante unos tres años. Ayer, los portavoces de los sindicatos que los representan (UGT, CGT y USO) insistieron en que los ex trabajadores fueron "víctimas" de un "supuesto fraude". Eso sí, el SEPE insistió en el juicio de ayer en que seguirá reclamando que le devuelvan esas cantidades, aunque no sean los 416 imputados los que paguen, sino las empresas y fundaciones que impartieron aquellos cursos.

Como explicaron ayer desde los sindicatos, el juez decidió escuchar a todas las partes, aunque no atendió la petición de aplazar la vista hasta que esta misma semana quede resuelto el origen del conflicto: determinar si en los cursos impartidos por Fueca hubo supuesto fraude laboral o no y si, por tanto, las prestaciones que después cobraron los ex Delphi fueron legales o no. De momento, el Servicio Estatal de Empleo ya ha dejado claro que exigirá el reembolso de esas cantidades si se demuestra que hubo ilegalidades.

El de ayer fue el primero de los tres juicios a los que se enfrentan esta semana los más de 400 extrabajadores de la planta de la multinacional Delphi en Puerto Real, que continuará mañana en el Juzgado de lo Social número 3 con el caso Fueca. Estas vistas, como otro previsto para el 2018, tienen su origen en el 2013, cuando la Inspección de Trabajo alertó de que podía haber irregularidades en el mecanismo de los cursos de formación remunerados que la Junta de Andalucía había activado para garantizar a los extrabajadores de Delphi una prestación económica con consideración de nómina por la asistencia a los cursos, con los que se pretendía también facilitar su incorporación al mercado laboral.

La Inspección de Trabajo alertó de que con este sistema hubo una simulación de contratos a los más de 400 ex operarios de Delphi que, tras agotar sus dos años de desempleo seguían sin trabajo y siguieron por ello los cursos de formación durante unos tres años, entre 2009 y 2012. Su informe advirtió de que "un desempleado no puede recibir un sueldo que suponga cotización y posible percepción de un posterior subsidio por desempleo por asistir a un curso formativo".

El Servicio Estatal Público de Empleo sancionó tras este informe a las fundaciones y empresas que hicieron la formación, como Fueca, y reclamó que devolvieran las cantidades aportadas.

Según recordaron ayer fuentes sindicales, a esta fundación se le reclamó que devolviera 6.250 euros por cada trabajador que había seguido la formación en esta institución, en total cerca de dos millones de euros. Fueca denunció entonces en los juzgados a trabajadores, sindicatos y a la Junta de Andalucía como actores y responsables de este posible fraude.

En el juicio celebrado ayer, que corresponde a la demanda del SEPE, este servicio ha dejado claro, según las fuentes sindicales, que no persigue que los extrabajadores sean condenados por este fraude, pero sí que las empresas y fundaciones que supuestamente participaron en él devuelvan las cantidades.

Y para hoy miércoles están citados en el Juzgado de los Social número 3 para la vista que verá la demanda que Fueca interpuso contra los que esta fundación consideraba actores de este supuesto fraude, entre ellos los extrabajadores.

Miguel Paramio, portavoz de USO, dijo ayer que espera que en el juicio de hoy -y que proseguirá el viernes- quede claro que los extrabajadores de Delphi no son "culpables" de la simulación de contrato, tal y como se les acusa.

Ellos entienden que siguieron las pautas que se les daban, dentro de las acciones que la Junta de Andalucía puso en marcha para ayudar a los más de 400 exempleados de la factoría que, dos años después del cierre de la fábrica y una vez agotados su periodo de cobertura por desempleo, seguían en paro.

Los juicios por estas prestaciones se prorrogarán hasta junio de 2018, cuando esta fijada la vista por los cursos de formación que impartió a este colectivo el grupo Prescal, del exconsejero Angel Ojeda.