La paradoja institucional del Banco de España

Existe un amplio consenso en el análisis económico sobre que la calidad de las instituciones y el grado de confianza que generan en los agentes económicos son determinantes del crecimiento a largo plazo, y que las pérdidas de confianza en las instituciones tienden a ser duraderas.

El Banco de España, en su informe anual 2023, constató que desde la crisis financiera se había producido una disminución de la calidad institucional en nuestro país, y una pérdida de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos, el Gobierno nacional y el Parlamento. El pasado día 20 se presentó el Informe de 2024, en el que también se incluye una investigación sobre la calidad institucional, para lo que se construyen dos indicadores: el primero, con la muestra de 32 países de la OCDE, en la que España ocupa la posición 19 de los 32 países en calidad institucional; y un segundo indicador para los países de la UE, en el que España se queda por debajo de la media. El resultado más significativo es la pérdida generalizada de calidad institucional de los países de la OCDE entre la primera y la segunda década del siglo, especialmente Hungría en ambos indicadores, al que acompañan Polonia, Estados Unidos, Islandia y España en el de la OCDE, y Grecia, España y Dinamarca en el europeo. El análisis corrobora la correlación entre calidad institucional con la productividad y el PIB per cápita, por lo que un programa consistente de desarrollo económico debe perseguir la mejora de la calidad de las instituciones.

La mejora de la calidad institucional exige múltiples reformas, algunas de gran profundidad y otras muchas de mejora de las instituciones existentes favoreciendo la transparencia, la rendición de cuentas, la meritocracia, la eficiencia, la racionalidad, la innovación… Y el Banco de España no está siendo recientemente una institución ejemplar.

Tradicionalmente el informe anual del Banco de España es un hito en el análisis de la economía española, en el que se examina su comportamiento en el último año y sus perspectivas desde múltiples ángulos, y en el que la valoración de las medidas de política económica adoptadas por el Gobierno es uno de los contenidos habituales. Sin embargo, según informan desde el Servicio de Estudios, en la redacción del informe de 2024 se vieron obligados a reelaborar algunos capítulos para que fuesen acordes con el relato económico que el nuevo gobernador está imponiendo, por lo que no se abordó el análisis de las principales políticas del Gobierno, como el salario mínimo profesional, la reducción de la jornada laboral, la condonación de la deuda autonómica o el gasto en pensiones, sistema este último cuya reforma puso en marcha el ex ministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y sobre el que se advertía en el anterior informe que no garantizaba la sostenibilidad del sistema. A este cambio de orientación del informe se suma la reducción de las responsabilidades estadísticas del Servicio de Estudios, generando un notable malestar, lo que provocó la dimisión de su director, Ángel Gavilán, al día siguiente de la publicación del informe. Y el día 26 se aprobó una segunda reestructuración del Servicio, reduciéndose la división de economía española.

Por tanto, estamos asistiendo a una degradación de una institución como el Servicio de Estudios del Banco de España, un centro de excelencia en investigación económica, que goza de un gran prestigio nacional e internacional, y que a lo largo de su historia ha alumbrado la política económica española con su independencia y rigor, pero que incomoda al Gobierno. Los hechos comentados aumentan la desconfianza en las instituciones españolas, con las consecuencias negativas que los informes del Banco de España alertan.