El título VIII de la Constitución Española establece claramente cuál es la organización territorial del Estado. Los Ayuntamientos forman parte de la misma, y en ningún momento se establece una jerarquía piramidal sino una distribución competencial, desarrollada en sucesivas leyes. En esta crisis no solo sanitaria sino también social parece haberse diluido la función de los Ayuntamientos más allá de un apoyo asistencial y, sobre todo, el papel del alcalde como representante y depositario de la confianza de su ciudadanía. No somos representantes políticos de segunda división, y somos plenamente conscientes de la legislación y normativa aplicable a nuestros actos y manifestaciones, de los que somos también plenamente responsables. Por supuesto conocemos el alcance de la normativa que preserva los datos personales de enfermos de coronavirus o de cualquier enfermedad, pero también somos los mayores conocedores de las inquietudes, necesidades y expectativas de los ciudadanos de nuestras localidades, y ahí, permítanme decirlo, lo somos en mucha mayor medida que otras Administraciones. Y hablo de  manejar datos numéricos, no datos personales.

La socorrida frase de “El Ayuntamiento es la Administración más cercana al ciudadano” no debe quedarse únicamente en el papel, o dicho de una manera más clara, no es posible contemplar la figura del alcalde como la de un mero ejecutor de órdenes automáticas, un “come y calla” que no solo cuestiona nuestro papel en la estructura del Estado, sino que desprotege a la ciudadanía. No es del alcalde del que hay que proteger al ciudadano de nuestros pueblos, es del coronavirus.

Y que conste desde el inicio que no pretendo cuestionar la decisión de los mandos únicos. La acato como tal. Lo que cuestiono son las razones por las que se expulsa a los alcaldes de la información que, tras ser evaluada por nuestros conocimientos sobre nuestra ciudadanía, nos permitiría trasladar mensajes que puedan contribuir a su serenidad, a través de un mecanismo que ahora parece desaparecer de nuestro lenguaje, la transparencia. Transparencia que, además, según manifestaciones de ciertos alcaldes vertidas en medios, no parece afectar a todos.

La realidad es que se nos ha vetado a los alcaldes para conocer los datos de afectados por coronavirus en nuestros municipios. Datos numéricos que sabremos transmitir en función de cada particularidad en cada localidad.

El papel de las redes sociales y los bulos que en ella corren como la pólvora son nuestros enemigos, no en la misma medida que el coronavirus pero sin duda se alían con él. Difícilmente podemos contrarrestarlos sin información. Esos bulos que corren entre barrios, entre familias, entre pueblos… sí estigmatizan, señores, no esa “competencia” entre alcaldes a la que el consejero de salud se refería de forma despreciativa para negarnos la posibilidad de acceder a los datos de nuestras localidades, a través de la información de nuestros sanitarios y centros de salud. Porque esa es la clave, SE LO HAN PROHIBIDO. Nuestro papel podría servir de refuerzo a las medidas establecidas para la gestión de la crisis, pero en lugar de eso nos han otorgado un papel ciego de gestionar y tranquilizar o reforzar sin datos. Se habla de lealtad institucional, pero nos piden a nosotros lealtad a ciegas, sorda y muda. La institución ajena a la crisis salvo para dar respuesta a las consecuencias de la crisis sobre su población, que sería otro capítulo aparte. El veto es absoluto e insolidario, pero no solo con los alcaldes, sino con la ciudadanía. El desconocimiento genera estrés y alarma, además de ser el perfecto caldo de cultivo para extremismos, estigmatización y bulos. Somos parte de la estructura del Estado, al igual que la Comunidad Autónoma. Se nos presume el mal uso de los datos, lo cual es singularmente despreciativo, y pone en duda nuestra capacidad como un eslabón prescindible de la cadena institucional.

Y si hablamos de tono despreciativo, nada superable a la carta de “advertencia” que han recibido los profesionales de la salud de Andalucía. Una carta donde se les recuerda a los profesionales de la salud que la revelación de datos personales es delictiva. No cabe duda, pero resulta insultante que se crean con la superioridad ética de recordárselo por escrito a quienes nos están salvando de esta amenaza. Nadie más que un profesional sanitario se compromete con esta protección. Pero el objetivo de esta carta no era recordarles la posibilidad de incurrir en un ilícito, sino de prohibirles hablar de falta de recursos humanos o materiales. Espero que ningún profesional se sienta coaccionado, tras esta carta, para hacer pública su situación deficitaria en equipos y personal. Difícilmente se puede defender el aplauso en los balcones y la mordaza en los hospitales y centros de salud.

El propio Ministerio otorga la facultad de comunicación, tras la remisión de los datos, a las Comunidades Autónomas y, con mayor o menor acierto en sus palabras, deja en éstas la decisión sobre los datos a comunicar a los municipios. Es pues decisión de la Junta de Andalucía, y ésta ha optado por no transmitir a los alcaldes y callar a los profesionales.

Esperamos que la Junta de Andalucía, que cuenta con el permiso (aunque no recomendación) del Ministro de Sanidad, rectifique y cumpla con la solicitada lealtad institucional, confiando en el buen criterio de los alcaldes como Institución Pública al mismo nivel que la Junta para la comunicación con sus vecinos sobre materias que pueden ser altamente sensibles y de necesaria gestión local. No se trata de órdenes y mordazas, sino de diálogo, comunicación, y respeto institucional. Por el bienestar de nuestra ciudadanía, que nosotros, mejor que nadie, conocemos.