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Pagar por usar las carreteras, más presión fiscal

El cobro por circular por las autovías y autopistas sería un aumento de la presión fiscal a los ciudadanos y una medida incoherente con lo hecho hasta ahora

El Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas el compromiso de comenzar a cobrar por el uso de las vías de alta capacidad, autopistas y autovías, a partir de 2024, y, en una segunda fase, en toda la red de carreteras, tanto estatales como autonómicas. Con ello, el Gobierno ha buscado otra forma de elevar la presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas españolas porque la red viaria del Estado es clave para la actividad económica en general y en particular para un sector en auge como el de la logística. El documento remitido a la Comisión Europea avanza que la medida formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Ejecutivo pretende introducir en España los principios de que "el que contamina paga" y "el que usa paga". El Gobierno omite que desplazarse por carretera ya supone el pago por contaminar porque el parque móvil es mayoritariamente de motores de combustión y al repostar se abona el Impuesto Especial de Hidrocarburos, además del IVA. El pago por uso de las carreteras supondrá no sólo que a los españoles se les aumenten los tributos, sino empeorar el Estado del Bienestar creado en democracia. Ni siquiera en la Gran Recesión, con amenaza de intervención de nuestra economía, España accedió a cobrar por ese uso, algo que sí se le impuso, por citar un ejemplo cercano, a Portugal. La medida es, además, incoherente con el levantamiento de los peajes que ha venido decidiendo este Gobierno en los últimos años. En Andalucía apenas hace un año y cinco meses que se eliminó el peaje de la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, que duró medio siglo. La Junta de Andalucía expresó ayer su oposición frontal y auguró que no implantará ningún pago en las vías de titularidad autonómica. Para justificar la necesidad de la medida, el Ejecutivo de Sánchez esgrime el déficit de 8.000 millones de euros que genera el mantenimiento de la red viaria. ¿Cualquier déficit por la prestación de un servicio público obliga entonces a pagar por el uso? Reduciendo el argumento al absurdo, ¿nos conduce eso al copago sanitario? Cobrar por usar las carreteras es un error que el Gobierno debe rectificar.

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