El trascendental acuerdo que regulará las relaciones de Gibraltar con la UE tras el Brexit no va a ser una realidad inmediata, como el Gobierno español ha dado por descontado. El adelanto electoral decidido por el primer ministro británico, Rishi Sunak, supone un nuevo aplazamiento, que los más optimistas cifran en cuatro meses. Sí hay que reconocer que el tratado está más que encaminado y a falta de detalles. Tiempo ha habido para ello: la Comisión Europea y el Gobierno del Reino Unido llevan negociando desde octubre de 2021 con múltiples parones y desencuentros. El nuevo retraso debería servir para resolver un escollo importante que ha resaltado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: la diferencia de rentas a ambos lados de la frontera y los beneficios fiscales de los que disfrutan los ciudadanos de la colonia crean una situación que perjudica a los habitantes del Campo de Gibraltar y a sus perspectivas de desarrollo. El tratado sobre Gibraltar va a ser el acuerdo internacional con mayor incidencia en Andalucía en décadas. Afecta de forma directa a una zona con problemas y déficits estructurales que no tienen réplica en ningún otro lugar de España. La mera existencia de un territorio colonial que ha sido una importante lavadora de dinero negro, el asentamiento en la zona de mafias del narcotráfico y el tráfico de personas o el hecho de que sea frontera con un vecino siempre incómodo como es Marruecos configuran un panorama que requiere atención especial. El acuerdo nuevamente retrasado debe ser el punto de partida para que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía pongan en marcha medidas que aseguren el desarrollo de una comarca tan trascendente para el futuro de la región como conflictiva por los problemas endémicos que padece.