No se puede confundir el derecho constitucional a tener una vivienda digna y el elevado precio de éstas en muchas localidades, especialmente en la capital gaditana, con animar y promover la 'okupación' de pisos que supuestamente se encuentran vacíos. Hay otras formas para sacar estas viviendas al mercado, pero lo que resulta inadmisible son las dificultades que los propietarios tienen para recuperar sus casas que han sido ocupadas de forma ilegal, hasta el punto que al final parece que son ellos los que han cometido un delito.