QUE "Cádiz no tiene remedio" era el titular del Diario del pasado miércoles, comentando los datos del paro porque, mientras en España, los del mes de Mayo eran los mejores de la serie histórica, con 117.985 parados menos, en la capital, el paro volvió a subir. Para confirmarlo, en la misma primera página, una foto ilustraba la noticia de que Kichi -candidato a ser alcalde de Cádiz y lo será si consigue sumar los votos del PSOE y de Ganemos -participa en la paralización del desahucio de una familia. La diligencia iba a ser practicada por la comisión judicial. Informaciones posteriores precisan que la comisión no iba a proceder al lanzamiento, sino a notificar su aplazamiento.

Hasta aquí la noticia, que añade las declaraciones del alcaldable, que se propone, si llega a serlo, no consentir más desahucios y anuncia que luchará, para impedirlos. He sentido curiosidad por leer los comentarios que los lectores han hecho a esta noticia de la edición digital y la inmensa mayoría no se muestran conformes con esta actuación del candidato, pero la noticia, ha tenido considerable reflejo en la prensa nacional.

Está fuera de cuestión que quedarse sin vivienda en una sociedad moderna es el peor de los dramas y el incumplimiento de un mandato constitucional. Los ayuntamientos, a través de sus servicios sociales y las bolsas de caridad de las cofradías y asociaciones religiosas de la ciudad y Caritas ayudan en la medida de sus posibilidades.

Ya sé que estos remedios son insuficientes, pero el problema no puede resolverse con la fuerza. No me refiero a la fuerza física, que en este caso no fue usada por nadie, pero el Sr. Kichi y los que le acompañaban (aunque creyeran que se trataba de ejecutar un lanzamiento y no de una simple notificación de aplazamiento) se prevalían de que la fuerza no la iba a usar, quien tiene el monopolio de la misma en un Estado de Derecho, como son los cuerpos de seguridad.

Si necesita del PSOE para ser alcalde, es buena ocasión para recordarles el Estatuto de Autonomía, y la Constitución Española y las Leyes de desarrollo, que encomiendan a la Junta de Andalucía, todas las competencias para que los andaluces tengan una vivienda digna y adecuada. Además que tenga cuidado el candidato a la alcaldía con repetir el suceso, porque la pena accesoria que conlleva oponerse a un mandato judicial, es la de inhabilitación para cargo público.