LA reunión que mantuvo el pasado 29 de julio el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con Rodrigo Rato, ex vicepresidente de Gobierno investigado por la Justicia por su actuación al frente de Bankia, lleva camino de convertirse en el gran escándalo político del verano. No es para menos. Las excusas dadas por el Ministerio de que el encuentro se circunscribió a una atención de Fernández Díaz con Rato para que éste le explicara un tema "exclusivamente" personal resultarían risibles si no estuviésemos hablando de una persona con lazos evidentes con el partido del Gobierno y que está atravesando una situación procesal muy complicada. El propio Rodrigo Rato ha dejado en evidencia al ministro al declarar que había hablado por Fernández Díaz de "todo lo que le está pasando", haciendo aún más truculento todo lo que rodea a este encuentro. Por ello resulta de todo punto necesario que el ministro implicado dé una explicación detallada cuanto antes y que la dé en el ámbito parlamentario, sometido al control de la oposición. Así lo ha anunciado. Ha hecho bien Mariano Rajoy también en salir al paso de la difícil situación creada a su Gobierno y garantizar que esas explicaciones se van a dar. Lo que se ha puesto en juego con este incidente ha sido nada más y nada menos que la propia credibilidad del Ejecutivo del PP, que a lo largo de esta legislatura se ha visto golpeado por demasiados casos de presunta corrupción y que se enfrenta en el plazo de pocos meses a unas elecciones cruciales. Ni el PP ni Mariano Rajoy se pueden permitir a estas alturas que la sombra de la sospecha les vuelva a acosar. En este sentido, el comportamiento de Jorge Fernández Díaz ha sido de una irresponsabilidad manifiesta, no sólo porque Rato está incurso en varias causas penales sino también porque todavía parece que quedan por conocer muchas circunstancias de su actuación. Mientras saltaba la polémica de su reunión con el ministro, se conocía un informe de la Oficina Antifraude que apunta a que el ex presidente de Bankia podría haber incrementado su patrimonio mediante el cobro de comisiones durante su etapa al frente de esta entidad. A estas alturas de la vida política española, y tras el largo calvario de casos de corrupción que hemos padecido, la limpieza de la actuación pública es una exigencia nacional, como señalan los últimos barómetros del CIS que sitúan a ésta como una de las principales preocupaciones de los españoles. En las próximas elecciones generales los ciudadanos deberán tener en cuenta que es lo que han hecho en este ámbito los diferentes partidos. Episodios como el protagonizado ahora por el ministro del Interior no contribuyen precisamente a consolidar la imagen de regeneración de la vida pública que el Gobierno quiere transmitir.