ANTE la imparable crisis económica en que estamos inmersos, y ante la más cruel de sus consecuencias, el paro, este gobierno -al igual que el anterior- no piensa en otra cosa que en recortar y recortar inversiones, servicios y empleo. Es el mundo al revés. Cuando lo que se necesita son más inversiones para generar actividad económica y empleo, el mensaje que lanza el gobierno es que de la crisis se sale recortando inversiones y despidiendo al personal.

La situación es dramática, más de cinco millones de parados en el país, superamos los 1,2 millones en Andalucía y los 200.000 en Cádiz, donde una de cada tres personas en activo está sin trabajo. Y lo más angustioso y demoledor es que más de la mitad de los jóvenes están sin trabajo. Hemos preparado a una generación para realizar los más variados trabajos, se asegura que es la generación mejor preparada de nuestra historia, muchos miles han cursado estudios universitarios y han realizado estudios en el extranjero, manejan idiomas con soltura, y ante tanto esfuerzo lo que le ofrece la sociedad es inscribirse en una tan abultada como inútil lista del paro. El que esta generación no tenga futuro es un síntoma de que, de seguir las cosas así, nuestra sociedad tampoco lo tendrá.

¿Qué futuro le ofrece el gobierno a estos millones de jóvenes en paro o que se preparan en módulos profesionales y universidades para incorporarse a esa patética legión de excluidos sociales? ¿Cuanto aguantarán? La paciencia infinita que están demostrando, y la cobertura familiar que mitiga esta gravísima situación personal, no puede confundirse con conformismo. Si el Gobierno piensa que apretando más aún el cinturón vamos a salir de la crisis, lo que puede encontrarse es con un estallido social sin precedentes.

Al gobierno lo único que le importa es cumplir con los objetivos del déficit que le han impuesto la señora Merkel y los siniestros mercados, los mismos que han provocado esta crisis. Más recortes supone más paro y menos prestaciones sociales. Con esa obsesión por garantizar a los mercados que el Estado pagará sus deudas a las entidades financieras, terminarán por reducir de nuevo -eso sí, temporal y excepcionalmente- sueldos de funcionarios, derechos laborales, prestaciones por desempleo y pensiones. Si no al tiempo.