LA enseñanza concertada siempre ha sido un tema recurrente para ciertos sectores de la izquierda que siguen viendo en este tipo de centros un casus belli con el que dar pábulo a sus argumentos ideológicos y a sus propuestas educativas. Poco interesa conocer la génesis de los conciertos educativos. Nada importa saber que tras inconsistentes argumentos se encuentra la posibilidad que la ley brinda a cientos de familias para que escolaricen a sus hijos donde quieran sin que esta elección suponga un menoscabo a sus economías. Poco o nada importa saber que los trabajadores de estos centros son eso, empleados por cuenta ajena cada uno dueño de su ideología y pensamiento políticos.

Sí parece preocupante que en los programas de ciertos partidos de izquierda está instalada y bien asentada la exclusión de cualquier tipo de apoyo a estos centros que en Andalucía representan el 19% del total, obviando que a los padres que llevan a sus hijos a estos colegios no se les pregunta en el momento de pagar sus impuestos cuál es su línea de pensamiento político. El 11% que suponen los doce representantes de Izquierda Unida LV-CA en el Parlamento de Andalucía ya se ha manifestado en la línea de bajar este porcentaje antes referido y de seguir reduciéndolo "progresivamente en los próximos cursos a medida que las líneas educativas avancen", según puede desprenderse de un boletín interno del que se han hecho eco los medios de comunicación.

Son numerosos los informes que avalan la tesis de la diferencia de coste entre un puesto escolar en la enseñanza pública y la enseñanza concertada. Según el último informe de CECE con datos de 2008, en Andalucía la enseñanza concertada supone un gasto de 2.395 euros por niño y curso académico, mientras que la pública destina 5.332 euros. Si bien es cierto que estos indicadores económicos no deberían servir para marcar el camino de nuestro sistema educativo, sí que parece obvio que, cuando menos, deberían ser tenidos en cuenta en una situación financiera como la que está viviendo el conjunto del Estado en general y Andalucía en particular.

La cerrazón y vehemencia con la que se refuta a veces la existencia de los centros concertados está fuera de toda lógica racional y objetiva, y no sólo por los indicadores económicos antes mencionados, sino por el nivel de satisfacción de las familias que envían a sus hijos a estos centros y por los resultados académicos alcanzados en pruebas tan asépticas como el número de titulados en Secundaria o el porcentaje de aprobados en la PAU. Por fortuna, la enseñanza pública española, con unos medios extraordinarios y con un profesorado altamente cualificado, es una opción a la que los padres pueden acogerse.

La elección entre estas dos formas de entender la educación y la formación no debería dejar de ser una simple y llana alternativa sufragada con los impuestos de todos; pero no. Ante esta situación cabría preguntarse si la beligerancia hacia la escuela concertada desde algunas opciones ideológicas tendría razón de ser si el grueso de estos centros educativos no fuera dependiente de congregaciones religiosas. Si ese escenario de pensamiento se estuviera produciendo, la España machadiana seguiría apostada en los más recónditos cimientos de algunas opciones políticas.

No estaría de más hacer un pequeño viaje en el tiempo para recordar que los conciertos educativos vieron la luz en 1985. España afrontaba su II Legislatura tras las elecciones de 1982 que el Partido Socialista ganó con 202 diputados. Este elevado número permitiría gobernar con una solvencia que nunca se ha vuelto a dar en el arco parlamentario español. Pocas concesiones a la oposición iban a darse con un 48,11% de votos conseguidos. Este Gobierno socialista dirigido por Felipe González y con José María Maravall a la cabeza del Ministerio de Educación y Ciencia iba a dar carta de naturaleza a la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, que en su Título Cuarto abordaba de manera clara y concisa todo el fundamento teórico para desarrollar el marco que regulase el funcionamiento y la razón de ser de los centros privados concertados.

La perspectiva que da el tiempo a cualquier acontecimiento nos permite hoy aseverar que aquel marco normativo permitió acceder a cientos de miles de niños y de niñas a un tipo de educación que, de no existir los conciertos educativos, jamás sus padres hubiesen podido sufragar en la enseñanza privada. Esa altura de miras del Partido Socialista está hoy amenazada por quienes desde una pequeña minoría están ejerciendo una pinza de difícil comprensión para una gran parte del electorado de aquel partido que arrasó en 1982. Tienen ustedes la palabra, señorías.