José María García León

De la Real Academia Hispanoamericana

Los diputados catalanes en las Cortes de Cádiz

Llegó a tener hasta 22 representantes, siendo una de las circunscripciones más numerosas l Ramón Lázaro Dou y Antonio Capmany dejaron huella

Fachada del Oratorio de San felipe, sede de las Cortes de Cádiz de hace más de 200 años. Fachada del Oratorio de San felipe, sede de las Cortes de Cádiz de hace más de 200 años.

Fachada del Oratorio de San felipe, sede de las Cortes de Cádiz de hace más de 200 años. / Joaquín Pino

En las Cortes Generales y Extraordinarias de España, comúnmente conocidas como Cortes de Cádiz, que se desarrollaron tanto en nuestra ciudad como en la Isla de León entre 1810 y 1813, hubo un total de 305 diputados, contando con los 67 correspondientes a los territorios ultramarinos de América y Filipinas. Independientemente de las tendencias ideológicas que allí se manifestaron, confusa o insuficientemente definidas la mayor parte de las veces, es innegable que hubo unas minorías bien cohesionadas y con ideas claras, verdadero germen de los futuros partidos políticos que operarían a lo largo de nuestro devenir contemporáneo.

Habida cuenta que la compartimentación de España en provincias, agrupadas en sus correspondientes regiones, data de 1833 y de la que derivan precisamente nuestras actuales circunscripciones electorales, las divisiones territoriales que propiciaron la elección de los primeros diputados de nuestra historia obedecieron a otros criterios. Más que referirnos a grupos regionales propiamente dichos (hoy comunidades autónomas) conviene matizar que, aunque se optó por territorios con cierta entidad histórica y cultural propias, no siempre se aplicaron criterios uniformes. Así, mientras que Cataluña o Levante, fueron reconocidos desde un punto de vista unitario, por el contrario hubo otros a los que se dotó de una manifiesta pluralidad, caso de Andalucía, dividida en sus antiguos cuatro reinos (Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla).

Sin embargo, en aquella variada y heterogénea Asamblea (téngase en cuenta la magnitud del entonces Imperio Español) chocaron sin paliativo alguno dos formas bien distintas de concebir la Nación. De un lado, una España, cara al pasado, dividida en viejos territorios que conservarían sus fueros, costumbres y legislaciones propias. De otro, la más innovadora, que apostaba por un país uniformado y centralista, inspirada en el jacobinismo republicano de la Francia revolucionaria, y que fue la que finalmente prevaleció. Un grupo pragmático y moderadamente conservador

Cataluña, que oficialmente ostentó el rango de Principado atendiendo a su historia, contó con 22 diputados, siendo por tanto una de las circunscripciones, junto con Galicia, con una representación parlamentaria más numerosa.

Pragmáticos, realistas y nada proclives a las abstracciones, se distinguieron desde el primer momento por su moderantismo y la ausencia de cualquier extremismo intransigente. En general, mostraron una especial preocupación por las cuestiones hacendísticas y económicas, así como por la conservación de su propia identidad cultural y territorial. Esta última consideración se puso especialmente de relieve en los apasionados debates que en las Cortes surgieron en torno a la nueva configuración de la nación española, preconizada por los liberales (un nuevo modelo centralista y unificador). No obstante, pronto surgió el elemento diferenciador, pues, cuando comenzaron los debates sobre lo que en la terminología de la época se conoció como “El Arreglo de Provincias”, las seculares diferencias entre las distintas concepciones de España, como territorio común a todos, volvieron a aflorar con especial virulencia. Todo ello dio lugar a un buen número de intervenciones lo suficientemente relevantes como para hacernos una idea, bastante aproximada de hasta qué punto se hallaban arraigados en España los particularismos regionales. Bien ilustrativas de todo ello fueron estas significativas palabras pronunciadas por el principal ponente del nuevo proyecto, el diputado extremeño Diego Muñoz Torrero, a quien, tal vez hastiado por el rumbo que estaba tomando el pretendido debate unificador, no le quedó más remedio que exclamar: "estamos hablando como si la Nación Española no fuera sino reinos y estados diferentes. Si aquí viniera un extranjero que no nos conociera, diría que habría entre nosotros seis o siete naciones distintas". En consecuencia, los diputados catalanes, celosos de su Historia y aunque no dejaron de reconocer las ventajas políticas que resultarían de uniformar la legislación y los derechos de todos los españoles, pronto mostraron sus reservas ante dicho modelo unificador y centralista. Reaccionaron, pues, haciendo especial hincapié en que Cataluña, a toda costa, debería conservar los privilegios y fueros de que gozaba, sin perjuicio, incluso, de recobrar los que disfrutó durante los Reyes de la Casa de Austria, cuando las diferencias territoriales de España eran entonces todavía mucho más acusadas.

Partidarios de la pervivencia de los gremios frente a las ideas que propugnaban la libertad de industria y comercio, fueron, en cambio, muy ponderados en cuestiones religiosas. Cuando propusieron retardar el debate sobre la abolición de la Inquisición, alegando que tenían que consultar con la Junta de Cataluña, esta actitud fue interpretada por gran parte de las Cortes como una prueba de favoritismo hacia este tribunal. Aunque no mostraron grandes diferencias ideológicas entre ellos, sí cabe hacer alusión a ciertas individualidades. Especialmente digno de mención, entre otros que a continuación citaremos, es Felipe Aner de Esteve, abogado de profesión, el diputado que más intervino de todos ellos y quien, sin lugar a dudas, reflejó más intensamente el sentir catalán, sus ideas y anhelos. Partidario de declarar nulos los actos del Rey relativos al Estado estando fuera de su jurisdicción, interpretó el concepto de Nación española como un agregado de reinos y provincias que tenían entidad propia, lo que le hacía considerarse, ante todo, como diputado de Cataluña y no por Cataluña.

Ramón Lázaro Dou, primer Presidente de las Cortes

Nacido en Barcelona el 11 de febrero de 1743. Catedrático de Derecho de la Universidad de Cervera, en1757 había recibido las órdenes menores pero no se ordenó de sacerdote hasta 1795. Canónigo de Barcelona, en 1805 se le nombró cancelario de la dicha Universidad, cargo que conservó hasta su muerte. Fue un clérigo culto, moderado, al que no podemos considerarlo propiamente un liberal. Estudioso de las cuestiones económicas, hizo una traducción y adaptación de la ‘Riqueza de las Naciones’ de Adam Smith y presentó ante las Cortes, cuando éstas expresaron su deseo de pagar la Deuda Pública, un plan bastante solvente para solucionar el problema de los vales reales.

Elegido el primer presidente de las Cortes en la sesión inaugural que se celebró en la Isla de León el 24 de septiembre de 1810, este hecho, que coincidió con el día de la Virgen de la Merced, Patrona de Barcelona, fue muy bien acogido en Cataluña. Sobre la posibilidad de un cambio en la Constitución en el futuro y basándose en el principio de la soberanía nacional, señaló que “con qué razón quitaremos nosotros a la Nación y a las Cortes venideras un derecho que es incontestable”. Asimismo, intervino en los debates sobre la abolición del tormento, la libertad de imprenta, la organización de las provincias, la reforma de la Hacienda y el reglamento del Consejo de Regencia. Partidario de la contribución directa única, al tratarse la posible reforma de regulares, defendió denodadamente el derecho que los frailes tenían de ocupar sus conventos y bienes.

En 1813 volvió a ser diputado, esta vez suplente, en las Cortes Ordinarias y, derogada la Constitución al año siguiente, se consagró al gobierno de la Universidad, continuando con sus estudios económicos. Llegó a exponer un balance sistemático de los fueros catalanes que no habían sido abolidos por Felipe V. Murió en Cervera el 14 de diciembre de 1832. En Cádiz cuenta con una calle dedicada a su memoria

La singularidad de Antonio Capmany i Montpalau

Sin duda alguna, fue el diputado catalán al que podemos considerar más “españolista”. Nacido en Barcelona en 1742, se dedicó fundamentalmente al estudio de la historia y de la literatura. Colaborador de Pablo de Olavide en la repoblación de Sierra Morena, fue elegido miembro de la Real Academia de la Historia en 1776. Durante los gobiernos de Godoy se mantuvo al margen de la actividad oficial, mostrando su recelo hacia las nuevas ideas que venían de Francia, por lo que veía en las viejas tradiciones el mejor medio de combatirlas.

Elegido diputado el 25 de febrero de 1810, se erigió en firme partidario de la abolición de la Inquisición, aunque hizo, en cambio, curiosas objeciones al justificar la existencia de dicho tribunal respecto a los judíos y judaizantes. Aunque en principio adoptó una posición tradicionalista, luego se fue alineando con los liberales. A él se debió la iniciativa de que en la plaza principal de todos los pueblos de España se colocara una lápida conmemorando la promulgación de la Constitución. Escribió también unas Cuestiones críticas sobre varios puntos de historia económica, política y militar, siendo esta obra uno de los primeros libros en que se plantea, en términos modernos e inteligentes, el problema de la decadencia de España. Asimismo, sus Memorias históricas son un claro exponente del resurgir económico de Cataluña en el siglo XVIII. Partidario de los discursos breves, Le Brun lo califica de "maestro de ceremonias del castellano en los decretos" y Antonio Alcalá Galiano le afea "su mal acento catalán". Partidario de las corridas de toros, a las que calificó de Fiesta Nacional, ganó el único debate parlamentario que hubo en las Cortes sobre la pervivencia o no de la Tauromaquia.

Murió en Cádiz, como muchos otros diputados, víctima de la epidemia de fiebre amarilla que se cebó sobre la ciudad en octubre de 1813. Un año más tarde, su lápida mortuoria fue profanada cuando la reacción absolutista.

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