EL Gobierno andaluz ha visto nuevamente desautorizado en los tribunales un aspecto de su política educativa. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la reducción de unidades que había decidido la Consejería de Educación en siete colegios concertados para el próximo curso escolar. La Consejería había argumentado criterios demográficos para eliminar estas clases (al haber menos población infantil se necesita concertar menos y aprovechar los centros públicos), pero los directivos de los colegios religiosos afectados consideraron que la supresión obedecía a motivos ideológicos de potenciación de la enseñanza pública que la Junta ha defendido tradicionalmente. Precisamente los siete colegios con concierto (tres de Jaén, dos de Sevilla, uno de Córdoba y otro de Huelva, adscritos a la patronal Escuelas Católicas) pretendieron demostrar ante el TSJA que habían recibido suficientes solicitudes de matrículas para el curso 2013-14 como para hacer innecesaria la retirada parcial de sus respectivos conciertos. Pero ha sido el recurso presentado por el sindicato USO, impelido por la pérdida de algunos empleos que la medida de la Junta llevaba consigo, el que ha motivado la decisión del Alto Tribunal, dejando en pie los conciertos que beneficiaban hasta ahora a estos colegios y a los alumnos y padres implicados. Es de destacar que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior no da la razón a la consejería ni a los recurrentes, puesto que no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, limitándose a suspender cautelarmente la anulación de los conciertos sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, muy favorable a las medidas cautelares en materia de derechos ciudadanos y libertad de enseñanza. Este dictamen judicial es contrario al formulado, por el propio TSJA, sobre la supresión de los conciertos de los diez centros educativos que se han negado a convertirse en mixtos y a aplicar la coeducación que postula como principio la Consejería de Educación. En este caso el TSJA y el Tribunal Supremo han coincidido en que la coeducación está refrendada en la ley de educación vigente, promovida por el Gobierno anterior, si bien el Ejecutivo actual está tramitando un nuevo proyecto de ley que daría derecho a concertar a todos los colegios, mixtos o con segregación por sexos, que reúnan los requisitos comunes. Si el Parlamento, gracias a la mayoría absoluta del PP, ratifica este cambio, la Junta de Andalucía habrá perdido otra de las señas de identidad de su política educativa. La otra, la de la reducción preferente de conciertos con colegios privados cuando baje la población infantil, habrá de esperar muchos meses antes de la sentencia definitiva.