DEFINITIVAMENTE el problema debe ser la propia Junta, así que estamos ante un muro insalvable. El 4 de diciembre de 1998 el presidente Manuel Chaves inauguraba en Málaga la primera ORU, la Oficina de Respuesta Unificada. Un proyecto piloto que se implantaría en el resto de la comunidad, comandado por el hoy consejero multiusos Luciano Alonso para agilizar los trámites administrativos que lastraban la creación de empresas en Andalucía. Aquella ventanilla única nació con nueve funcionarios de distintas consejerías, tres auxiliares administrativos y una coordinadora.

Aquellos mostradores, que facilitaban el papeleo para los emprendedores, desaparecieron. Los funcionarios se jubilaron o regresaron a sus áreas y la coordinadora se marchó en 2005. La ORU murió por inacción. Aunque no he localizado el decreto de derogación, así que es posible que la oficina continúe viva en algún rincón de la maraña de órganos de la Administración autonómica.

El 21 de abril de 2009, José Antonio Griñán enfatizó en su primer discurso de investidura que la simplificación de los procedimientos administrativos figuran entre las líneas maestras de su gobierno. El 22 de abril de 2014, el Ejecutivo de Susana Díaz aprobó un decreto para reducir las trabas administrativas para la constitución de empresas. Era la respuesta urgente ante los excesos de regulación. El segundo día de la campaña electoral, la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta proclamó que si sale reelegida, la apertura de negocios se sustanciará en un solo trámite administrativo vía internet. La muerte de la burocracia a golpe de clic.

El pasado 18 de febrero, Juan Manuel Moreno Bonilla prometió constituir un "batallón" con 5.000 empleados públicos para reducir a la mitad el tiempo de reacción ante la demanda de crear una nueva empresa.