Adiferencia de otros tramos finales, los meses que restan de legislatura van a ser decisivos para la historia del país, no se trata de cuatro meses de descuento en los que sólo se espera el final. La convocatoria electoral del 27 de septiembre en Cataluña constituye un desafío histórico que los grandes partidos y el Gobierno deben afrontar con firmeza en el corto plazo y con apertura de miras para el largo. La próxima legislatura alumbrará a principios de 2016 un Congreso de los Diputados muy distinto, donde no sólo no habrá mayoría absoluta, sino que los consensos se deberán forjar entre dos de los cuatro partidos mayoritarios. Será esta nueva realidad política, que representará mejor a la sociedad española, la que aborde la reforma de la Constitución, un hecho en el que ya están de acuerdo todos los partidos, aunque difieran en el cómo e, incluso, hacia dónde. Posiblemente, y aunque partan de direcciones muy diferentes, habrá que buscar un espacio común donde una amplia mayoría se sienta cómoda. Una amplia mayoría política y también de territorios. Los guiños para satisfacer a los catalanistas moderados en un intento de desarmar a los independentistas no pueden concluir con una concesión que termine por perjudicar a otras comunidades. En el fondo, el problema catalán se desata cuando el presidente Artur Mas plantea el pacto fiscal para Cataluña (un modelo similar al del País Vasco y Navarra) como un chantaje al Estado: o Mariano Rajoy se lo concedía o se abrían las compuertas de la independencia. Ninguna reforma puede incluir una merma de la financiación de los servicios básicos en las comunidades con menor renta, donde -siempre es bueno recordarlo- los ciudadanos pagan los mismos impuestos en función de sus ingresos. El PSOEparece que ha parado, de momento, cualquier veleidad con este asunto, aunque este partido debería detallar su posición con exactitud ahora que se acerca la campaña electoral. El PP catalán ha eliminado la querencia que tenía su anterior líder, Alicia Sánchez Camacho, por este pacto, mientras Podemos aún no tiene posición sobre la financiación autonómica, como tampoco la tiene sobre la organización territorial del país. De este modo, desde Andalucía se debe estar vigilante a estos inicios de la reforma sin esperar a que algunos resuelvan sus dudas. Las sucesivas reformas de los modelos de financiación han intentado congeniar una mayor autonomía financiera de las comunidades con la igualdad de los españoles ante los servicios, y hay que concluir que no siempre se ha conseguido. El último modelo, por ejemplo, ha errado de pleno porque los fondos equiparadores del Estado no se han utilizado.

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