Recuerdo la época en la que llegó al SAS un equipo dirigente proveniente del Partido Comunista. Comenzaron a liquidar los conciertos sanitarios que había con la Clínica La Salud, el Hospital de San Juan de Dios y cuando llegaron a Pascual se pararon, no se sabe muy bien el porqué. Al poco el gerente provincial del SAS, Agustín Ortega Limón, fichó como directivo de Pascual. El Diario 16 de Andalucía le dedicó al tema un amplio seguimiento lo que provocó el anuncio de multitud de querellas, a lo que respondió el periódico con un famoso editorial en primara página: Vengan querellas. Por supuesto aquello acabó en nada. Cosa diferente es el caso del Ayuntamiento de Cádiz a cuyo Equipo de Gobierno le han puesto ya 14 por todo tipo de motivos, desde el agua de Loreto a los chiringuitos pasando por las viviendas del Matadero o la Casa de Iberoamérica, como se ha sabido ahora. Lo del agua de Loreto cruzó de unos a otros, de Podemos al PP y de este al primero, un poco como con el asunto del Matadero. Vivimos en Cádiz el esperpento de lo que se dio en llamar la judicialización de la vida política: ganar en los tribunales lo que se perdió en las instituciones. A veces el anuncio de la querella es en sí mismo un objetivo , ya para qué decir la imagen del adversario político haciendo el paseíllo en los juzgados de San José. No sé si en otros ayuntamientos ocurre algo parecido pero el caso gaditano resulta un poco exagerado. Ciudadanos ha presentado una demanda contra David Navarro por la cesión gratuita de la Casa de Iberoamérica a entidades sin fines de lucro cuando, según el PP, se había acordado en el Consejo de Administración. Juancho debía estar en Babia. También Ciudadanos interpuso una demanda por la transmisión de la titularidad de dominio a los chiringuitos que, según el alcalde, no se produjo nunca. Está muy bien vigilar para que se cumplan las leyes y estar atentos a que no haya desviación de poder, pero de ahí a que Pérez Dorao y Juancho estén con una espada flamígera estigmatizando herejes va un paso. Se da el esperpento de que el PP ha ganado un pleito porque el alcalde les acusó de dar agua contaminada a sabiendas, una chiquillería comparado con llamar felón al presidente del Gobierno. El portavoz de Ciudadanos, abogado de profesión, haría mejor en intensificar su labor en la institución. Parece que la burguesía gaditana no le perdona al alcalde su procedencia humilde. Dicho lo anterior, dura lex, sed lex. Que el peso de la ley caiga desde el alcalde al último vecino.