COMO se sabe bien, la primavera árabe tuvo su versión siria en marzo de 2011 contra Bashar al Asad, considerado entonces un moderado, educado en Occidente y aliado de la causa democrática. Pocos imaginaban entonces la respuesta contundente que daría a las reivindicaciones del pueblo sirio.

Desde entonces, se han producido centenares de miles de muertos y desaparecidos, más de tres millones de refugiados y otros tres millones más de desplazados. La comunidad internacional ha reaccionado bastante pobremente y no ha sabido dar respuestas a esta innoble acción del dirigente alauí. Una vez más, hemos hecho dejación de la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional durante estos dos años largos, dejando que se llegara a una situación límite como la actual.

Ahora, como consecuencia de la utilización de armas químicas, llega el momentos de llorar y crujir de dientes y empezamos a debatir qué hacer. Dada la situación de extremada violencia y de falta de consenso político para respuestas eficaces, ahora ya es muy difícil ejercer acciones contundentes.

Los intereses que están en juego (no hay que olvidar que Siria tiene fronteras con Turquía -miembro de la OTAN-, Iraq, Israel, Jordania y Líbano, es exportador de petróleo y está situado en una de las rutas comerciales más importantes del mundo) y espero que también, la necesidad de proteger a la propia población siria, han despertado todas las alarmas.

El Consejo de Seguridad, que es el órgano principal de la ONU que tiene la responsabilidad primordial de garantizar la paz y seguridad internacionales, está conociendo el caso pero no ha adoptado aún una resolución determinante para el uso de la fuerza contra el régimen sirio. Rusia, al menos en tres ocasiones, ha utilizado su influyente derecho de veto, para paralizar cualquier iniciativa en este tema. China, también con derecho de veto, tampoco es partidaria de autorizar el uso de la fuerza. Otra potencia regional como Irán apoya a Bashar al Asad.

El presidente francés, François Hollande, y David Cameron, del Reino Unido, junto a los Estados Unidos, gran instigador de una potente reacción militar contra el régimen sirio, han alegado el principio de la responsabilidad de proteger, como base jurídica para una posible intervención.

Es verdad que este concepto, que no norma, existe desde que los jefes de Estado y de Gobierno de la ONU se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 14 al 16 de septiembre de 2005 para adoptar la Resolución A/RES/60/1. Sin embargo, esta Resolución no da patente de corso para que cada Estado decida cuándo y cómo hacer intervenciones militares en terceros estados, bajo la bandera de la defensa de los derechos humanos. La propia Resolución señala que las disposiciones pertinentes de la Carta son suficientes para hacer frente a toda la gama de amenazas a la paz y la seguridad internacionales.

Aunque todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interrelacionados, la responsabilidad de proteger se dirige a la protección de las poblaciones contra el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Si los técnicos de la ONU informan positivamente de que el régimen sirio ha estado utilizando armas químicas contra la población, podríamos calificar los hechos de crimen de guerra o, incluso, de lesa humanidad.

Un informe del secretario general titulado Hacer efectiva la responsabilidad de proteger, de 12 de enero de 2009 señala de forma explícita que "la responsabilidad de proteger no cambia, y de hecho hace más estrictas, las obligaciones que incumben en derecho a los estados miembros de las Naciones Unidas de no recurrir a la fuerza salvo que lo hagan de conformidad con la Carta". Por tanto, no cabe intervención militar alguna sin la expresa autorización del Consejo de Seguridad. El mismo secretario general afirma al respecto que "como dejaron absolutamente en claro los jefes de Estado y de Gobierno, el derecho de proteger es un aliado y no un adversario de la soberanía, dimana del concepto positivo y afirmativo de la soberanía como responsabilidad y no del concepto más estrecho de la intervención humanitaria".

Ahora bien, el mismo informe del secretario general reconoce que "en una situación de emergencia que se esté desencadenando con rapidez, la principal prioridad de las instancias decisorias en las Naciones Unidas y a nivel regional, subregional y nacional habrá de ser salvar vidas mediante la adopción de medidas "de manera oportuna y decisiva" (párr. 139 del Documento Final), y no seguir procedimientos arbitrarios, secuenciales o graduados en que priman la forma sobre el fondo y el proceso sobre los resultados."

Por tanto se requiere imaginación política (implicando a la Liga Árabe), maniobras decisivas (haciendo daño al régimen y a sus representantes) y utilización de la gran variedad de instrumentos jurídicos que posee el sistema internacional, incluyendo la implicación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, enfocando la solución desde el prisma de la responsabilidad de proteger, sin intervención unilateral. Sólo falta voluntad política o convicción en los órganos institucionales de la comunidad internacional. Otras aventuras estarán condenadas, una vez más, al fracaso a largo plazo.