Todos los grandes principios de la democracia tienen algo de mentira piadosa. Por ejemplo, el de la igualdad entre todos los ciudadanos, que según el nuevo Marx del siglo XXI, Thomas Piketty, cada vez se aleja más, como esas galaxias fronterizas de un universo en expansión. Otro ejemplo es el de la separación de poderes, pensada en su gabinete de Burdeos por Montesquieu, un pensador sobre el que se han vertido algunas críticas, pero que en general fue una persona razonable y fecunda que nos dejó algunas buenas ideas para organizarnos en comunidades políticas.

A Montesquieu se lo quiso cargar Alfonso Guerra, y de alguna forma lo logró. La Justicia española está politizada por el mero hecho de que son los partidos con representación en el Congreso y el Senado los que eligen a los miembros de su Consejo General (lo que contamina todo el sistema de ascensos) y del Tribunal Constitucional. Pero ya que la separación plena de poderes es una utopía, al menos sí se debería exigir la paz o el respeto entre ellos. Esto, precisamente, es lo que ha violado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, con sus declaraciones en TV arremetiendo contra los tribunales españoles, y lo que le ha reprochado el CGPJ en un comunicado que debería sonrojar a todo el Ejecutivo de progreso. No es una novedad el seguidismo que hace Iglesias de las campañas del independentismo catalán contra la Justicia española, el único poder del Estado que le ha plantado cara con eficacia. Con el secesionismo, el líder de Podemos comparte su descalificación del sistema nacido de la Constitución de 1978, por mucho que ahora haya moderado su lenguaje. Cuando ambos piden "desjudicializar" el conflicto, lo que pretenden es maniatar a los que frustraron el ensayo general revolucionario de octubre de 2017. Los otros dos poderes fallaron: el Legislativo se lució al aprobar un Estatut manifiestamente inconstitucional (la madre del cordero) y el Ejecutivo ha sido durante mucho tiempo el aliado fiel de todos los nacionalismos periféricos. Sólo la Justicia y el jefe del Estado han estado a la altura del desafío, justo las instituciones que se han convertido en el blanco de las críticas del independentismo y la izquierda radical. No es una casualidad. Sánchez, por su parte, también aporta lo suyo al proponer a la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, pese al clamor en contra de jueces y fiscales, que no la ven "idónea". Pero no lo hace por maldad, sino por mera supervivencia, lo único que le importa a este animal darwinista.

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