ALGUNOS han identificado al Guadiamar con Tartessos, el río que dio nombre al mítico territorio de la primera antigüedad andaluza. La razón, como nos hizo ver el arqueólogo Eduardo Ferrer, es que Estesícoro de Himera lo llamó “río de raíces de plata” y el Guadiamar nace en las minas de Aznalcóllar.

Al que fue llamado por los romanos Maenuba lo hemos visto serpentear por entre los montes del Castillo de las Guardas, correr manso como frontera oeste del Aljarafe y, finalmente, desembocar en el Guadalquivir muy poco antes del Atlántico, junto a un cuartelillo abandonado de carabineros. El Guadiamar era uno de esos ríos menores, apenas conocido. Ni siquiera muchos de los rocieros que pasaban ritualmente su vado del Quema sabían de su nombre. Sin embargo, en 1998, saltó a los titulares de la prensa mundial por el desastre ecológico más importante de la historia de Andalucía: la ruptura de la bolsa de residuos de la mina explotada en Aznalcóllar por la multinacional suecacanadiense Boliden. Los que entonces éramos jóvenes periodistas recordamos la angustia, la lucha contrarreloj, para impedir que el gran chapapote tóxico que bajaba por el cauce del Guadiamar alcanzase Doñana. Después, la titánica retirada de los lodos contaminantes y la construcción de un corredor verde que hiciese olvidar, al menos paisajísticamente, el desastre, cuyas consecuencias se seguirán notando durante siglos. Aquello costó a todos los ciudadanos 90 millones de euros. Ahora, en un juzgado de Sevilla, se dirime (¡25 años después!) si Boliden debe pagar o no el corredor verde del Guadiamar.

Boliden es el ejemplo del capitalismo irresponsable social y medioambientalmente. Cuando quedó clara la dimensión del desastre, como se ha dicho ya en el juicio, “se quitó de en medio”. Ahora, frente a las togas, intenta demostrar que la Junta de Andalucía sobreactuó, que gastó mucho más que lo que debía en la construcción de un corredor verde innecesario, intentando reeditar el viejo prejuicio calvinista del católico meridional manirroto y derrochador. Los distintos testimonios están dejando claro que la Administración Andaluza hizo lo que debía, primero retirando los lodos tóxicos y, después, creando un corredor verde en el Guadiamar con el que regenerar, aunque sólo parcialmente, un territorio mortalmente contaminado. Como dijo un testigo, se consiguió “sacar al paciente de la UVI, pero nos quedó un enfermo crónico”. Boliden debería pagar hasta el último céntimo.