LA Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un llamado Plan de Respuesta Razonable que trata de afrontar de manera coyuntural el grave problema de atasco que sufre la Administración de Justicia en esta comunidad autónoma. A la medida, adoptada la semana pasada, de descongestionar específicamente los veinte juzgados andaluces más saturados, se une ahora un programa novedoso: movilizar a más de novecientos funcionarios para que hagan horas extraordinarias por la tarde, a fin de agilizar las causas que colapsan literalmente el funcionamiento de uno de los poderes básicos del Estado. La medida, que viene a modificar la postura anterior de la consejera, Begoña Álvarez, contraria a abrir los juzgados por la tarde, se aplicará a los juzgados de lo social y lo mercantil, cuya agenda, ya de por sí nutrida, ha sido sobrecargada de asuntos a consecuencia de la crisis económica, aunque también afectará a los penales (en total, los juzgados beneficiados serán 121) y a los servicios comunes. Por el contrario, no supondrá la celebración de juicios en dicho horario ni la apertura de las instalaciones al público. Se trata de evitar que los ciudadanos tengan que pagar, precisamente cuando su situación es peor, los costes materiales y morales del retraso de la Justicia. Un retraso que, como siempre se ha dicho, hace que la Justicia no sea tal. La ventaja de este plan, cuyo coste se calcula en tres millones de euros, radica en su carácter coyuntural y experimental, ya que la Consejería se ha impuesto un plazo limitado y a partir de enero habrán de evaluarse los resultados prácticos de su puesta en marcha. El anuncio de la Junta ha coincidido en la provincia de Cádiz con la decisión de la inmensa mayoría de los jueces de secundar la huelga convocada para el próximo día 8 por la Asociación Profesional de la Magistratura, que denuncia las carencias de medios personales y técnicos. Los jueces gaditanos apoyan esta nueva jornada de huelga (la primera fue el 18 de febrero pasado) porque consideran que no ha habido avances tras los acuerdos de entonces con el Gobierno. La Justicia sigue esperando mejoras.