Cualquier persona que posea un mínimo de decencia sabe que la concesión de una amnistía a todos los implicados en el procés–a cambio de siete miserables votos en el Congreso– es una aberración jurídica y moral mucho peor que cualquier latrocinio o que cualquier caso de corrupción (eso que podríamos denominar la koldocracia). Es evidente que la amnistía sería una medida razonable –tal como nos ha recordado la Comisión de Venecia– si surgiera de un amplio acuerdo que garantizase la renuncia expresa por parte de los independentistas a cualquier medida política que no fuera estrictamente constitucional. Si fuera así, todos estaríamos de acuerdo en conceder la amnistía a Puigdemont y sus secuaces, incluso perdonando los casos flagrantes de malversación de dinero público (un dinero público que podría haberse dedicado, por ejemplo, a los enfermos de ELA). Pero nada de esto ha sucedido. Las negociaciones son una vergonzosa extorsión que una banda de delincuentes le ha impuesto a un Gobierno débil y acorralado, formado por una curiosa mezcla de ilusos intoxicados por la ideología bolivariana (los ministros de Sumar), de ineptos –muchos– y de mentirosos compulsivos (muchísimos más). Esto es lo que hay. Y todo lo demás es pésima retórica y pésimo teatro.

Hay que volver a repetir lo evidente. Ningún condenado por los hechos delictivos del procés–jurídicamente, un golpe de Estado institucional– ha manifestado su voluntad de enmienda. Ninguno ha pedido perdón ni ha reconocido sus errores. Ninguno ha prometido renunciar en el futuro a cualquier maniobra ilegal. Y aun así, se les va a amnistiar. Si no querías corrupción, toma dos tazas. Convendría recordar que Cataluña tenía 17.000 policías armados que estaban a las órdenes del Govern que proclamó ilegalmente la independencia. Convendría recordar que no pasó nada porque tuvimos mucha suerte, pero que una bala perdida o un enfrentamiento fortuito podría haber provocado una matanza o incluso una pequeña guerra civil. Y convendría recordar que los politicastros que dirigieron el procés eran esa clase de personas, como decía Orwell, que juegan con fuego sin saber siquiera que el fuego quema. No, no se merecen una amnistía esos idiotas que podrían haber provocado una catástrofe sin saber siquiera lo que puede ser una catástrofe.

PENÚLTIMO capítulo: Óscar Puente cesa al secretario general de Puertos, uno de los cargos más relevantes de su departamento, el Ministerio de Transportes. Ha sido cesado por su vinculación con la compra de mascarillas a través de la trama organizada en torno al famoso Koldo García, asesor durante años de José Luis Ábalos y mano derecha del ex ministro. No va a ser el responsable de Puertos el único que caiga. Los jueces analizan con detalle los informes elaborados por la UCO de la Guardia Civil, páginas y audios por los que desfilan personajes de muy alto rango, así como colaboradores de esos personajes. Y también la mujer del presidente del Gobierno, con un papel que exige explicación.

La presidenta del Congreso, una de las personas implicadas en la compra de mascarillas y sobre todo en la no devolución del dinero que costaron, aunque se comprobó que no cumplían los requisitos sanitarios, convocó una rueda de prensa para presentarse como víctima inocente de la trama y cargó contra el PP que, según Armengol ha traspasado las líneas rojas que no debe cruzar un partido.

El Gobierno está desconcertado, preocupado, angustiado, noqueado. Llaman algunos ministros a periodistas de confianza para preguntarles, a última hora de la tarde, con qué salen al día siguiente. Y casi siempre la respuesta es inquietante: los informes de la UCO recogen conversaciones que demuestran que personas relevantes del PSOE y del Gobierno hicieron negocio a través de redes de comisionistas que pronto advirtieron que había gente en el círculo de Moncloa y Ferraz dispuesta a hacerse de oro aprovechando sus poderosos cargos.

La lista de nombres que aparecen en los papeles del caso Koldo es apabullante, con ministros, dirigentes regionales, colaboradores y asesores externos, y utilización de medios oficiales para llevar a cabo sus operaciones que olían desde lejos a delictivas. Operaciones en las que circulaban los billetes de 500 euros para sortear las obligaciones fiscales, pagar comisiones no permitidas, comprar voluntades de nuevos altos cargos y hacerse de oro aprovechando la necesidad de comprar material sanitario para hacer frente a una pandemia que segó miles de vidas.

Está noqueado el Gobierno, pero no asume sus responsabilidades sino que, por el contrario, busca a quien señalar como promotores de una monumental campaña para desprestigiar a Sánchez y su equipo. Pero no cuela: hay motivos para desconfiar de la honradez de algunos miembros destacados del sanchismo. Y acabarán cayendo, porque incluso la Fiscalía europea ha decidido investigar qué pasó con las mascarillas, qué uso se dio a los fondos de la UE.