Todo es un disparate desde hace tiempo, más aún desde el anuncio del adelanto electoral en Cataluña. Se lleva la palma el partido del Gobierno. Y sorprende que nadie en el PSOE haya dedicado cinco minutos a pensar antes de tomar decisiones o abrir la boca.

El caso Begoña Gómez no se tiene en pie, y no hay más que hacer un cambio de nombres para advertir su importancia. Si Ana Botella, por ejemplo, se reúne con la empresa que patrocina su puesto de trabajo precisamente los días que el Gobierno de Aznar decide sobre el rescate de las numerosas empresas que lo han pedido, y ese Gobierno rescata con unos centenares de millones de euros a la que financia a Botella, el primero exigiría explicaciones a Aznar, a gritos, sería el mismísimo Pedro Sánchez.

Más situaciones impropias de un Gobierno democrático: la resolución de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre el caso Gómez no la anunció ese organismo, sino que lo hizo, en Ferraz, la portavoz del PSOE. Ni hacen teatro para transmitir que determinadas comisiones y organismos oficiales pueden actuar con independencia.

Sólo se puede fiar uno de los jueces, que están en su sitio cumpliendo su papel. Y de una mayoría de fiscales que han decidido actuar profesionalmente, al margen de lo que les indica un fiscal general que se ha convertido en la principal correa de transmisión del sanchismo para deshacerse de los personajes y organismos que le son incómodos.

Dicho esto, no se entiende la torpeza del PP: si recurres a esa oficina, haces el ridículo si te quejas de su falta de independencia. Si crees que cumple instrucciones del Gobierno porque hay razones para creerlo, es absurdo presentar una denuncia y protestar después porque está manejada por la larga mano sanchista.

Hemos asumido, desgraciadamente, que contamos con un Gobierno que miente y engaña sistemáticamente, que nos vende globos y pacta con partidos indeseables para la mayoría de los españoles. Además, no deja pasar día sin hacernos sentir vergüenza ajena. Ayer, la mayoría el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, que preside Iratxe García, – la mandada que acompañó a Santos Cerdán a su reunión con Puigdemont– sin el voto español se ha pronunciado en contra de que en Cataluña se sancione a quienes se expresan en castellano. Los que sancionan son los socios del Gobierno de Sánchez, y tanto los sanchistas como el PSC consideran miembros de la fachosfera a quienes piden que los hispanohablantes puedan acceder a cualquier puesto de trabajo o que sus hijos reciban en castellano las horas de clase que exige la ley.

Mires a donde mires, el mundo socialista se hunde en un lodazal de inmoralidad.