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LA Junta de Andalucía realiza todos los años un estudio, denominado Ecobarómetro, sobre lo que piensan los andaluces en relación con el medio ambiente, y sus resultados distan mucho de lo que oficialmente pregonan los políticos y las empresas. Para empezar, el medio ambiente se ha convertido en uno de los problemas que más interesa a los andaluces. Todos los años aparece entre las tres primeras preocupaciones. El 65% de los andaluces aseguran estar bastante o muy preocupado, y sólo el 6,5% poco o nada preocupado. Como es lógico la primera preocupación es el paro y la situación económica, la segunda la vivienda y la tercera el medio ambiente, muy por encima de la seguridad ciudadana, las infraestructuras o la política. Entre los problemas ambientales más relevantes destacan los incendios forestales, la falta de agua, la contaminación de playas y mares, la erosión de los suelos y la pérdida de paisajes naturales. Especialmente relevante es que el 38,5% de la población percibe que el modelo de desarrollo urbanístico de los últimos años ha tenido un impacto negativo en su ciudad; el mismo modelo de desarrollo especulativo que la mayoría de los partidos políticos han presentado como la panacea del desarrollo. Tampoco dice mucho a favor de los ayuntamientos que el 65% de los andaluces crean que la situación del medio ambiente urbano es regular, mala o muy mala. No deja de ser curioso que la mayoría asegure que recicla, ahorra agua y hace un uso eficiente de la energía, pero no percibe la misma respuesta en sus vecinos. Los andaluces piden que quien contamine, pague, y exigen el endurecimiento de las sanciones, todo lo contrario de lo que suelen hacer las administraciones públicas. Una inmensa mayoría, el 78%, cree que el ritmo actual de consumo de recursos naturales compromete el bienestar de las generaciones futuras, lo que contrasta con el consumismo desaforado que impregna nuestra sociedad.
Por último, los andaluces siguen mostrando un alto grado de confianza en las asociaciones ecologistas, a las que, un año más, sitúan a la cabeza, junto al sistema educativo, entre los actores de la política medioambiental, muy por delante de las administraciones públicas, los sindicatos y los partidos políticos, que siguen en la cola de la confianza ciudadana.
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