CADA vez más cerca de los compromisos electorales, que arrancarán con las municipales de mayo, comienza a evidenciarse una creciente distancia en el seno del Gobierno de la Junta Andalucía, formado por PSOE e IU. Y es precisamente el calendario electoral lo que propicia en buena medida que se pongan de manifiesto aún más las diferencias. Así ocurre por ejemplo con la posibilidad de que IU no sólo permita sino incluso impulse una comisión de investigación sobre el fraude en los fondos para cursos de formación. El coordinador general de la federación de izquierdas en Andalucía, Antonio Maíllo, ha encargado a su grupo parlamentario un informe en profundidad sobre las comparecencias del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, para tomar la decisión sobre cómo actuar, sin descartar la comisión que el grupo mayoritario de la Cámara, el PP, lleva solicitando desde hace meses, bajo el discurso que tras el uso fraudulento del dinero que ha financiado la formación hay un escándalo tan grande como el de los ERE. IU ve en la evolución que en el escenario político español se ha producido desde las elecciones europeas un motivo razonable de preocupación. Es lógico: la irrupción de Podemos le ha hundido en las encuestas y ha puesto más el acento en debatir si ha de modular, sin planearse claramente dejar el Gobierno, su relación con el PSOE. Sus debates internos, que se plasmarán próximamente en una asamblea no hacen, en principio, temer por el pacto. Porque la realidad es que hay razones para la distancia pero no para la ruptura del pacto de gobierno que permitió investir primero a José Antonio Griñán y luego a Susana Díaz. Es lógico que entre los dos partidos surjan diferencias e incluso midan sus intereses en un calendario electoral que, además, depende de si se agotan las respectivas legislaturas estatal -a la que le queda un año- y autonómica -un trimestre más-. Pero los andaluces lo que necesitan, de un Gobierno que no está sobrado de ella, es gestión: políticas para luchar contra las principales preocupaciones. Singularmente las que propicien la creación de empleo, para reducir cuanto antes ese millón de parados que engrosan aún la estadística de paro de la comunidad. Pero también reformas para aumentar el control sobre las políticas que evite al máximo la corrupción. Ni siquiera el cálculo electoral justifica una decisión que abocaría a unas votaciones autonómicas anticipadas. La propia dirección de Izquierda Unida parece ser consciente de ello y está dispuesta a tener una postura más exigente con su socio sin llegar a enterrar el pacto en la Junta.