UNA cosa es segura en el Día de la Constitución, que celebramos hoy: que no se va a reformar en esta legislatura. La modesta propuesta de Pedro Sánchez (crear una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional del Congreso para ir estudiando el tema) fue rechazada por Mariano Rajoy incluso antes de presentarse oficialmente. No habrá subcomisión y, mucho menos, reforma.

El PP cierra abruptamente la puerta al cambio de la Carta Magna de 1978. Eso está mal y está bien, al mismo tiempo. Está mal porque después de 36 años la Constitución necesita algunos retoques para adaptarla a una sociedad que en ciertos aspectos ya no es la de entonces. No es un texto sagrado e intocable. Y está bien, porque, se mire como se mire, ningún texto que eventualmente pudiera pactarse suscitaría el consenso que logró la vigente. Sería un retroceso con respecto a la Constitución actual, fruto de tolerancias y concesiones mutuas. Por eso ha durado tanto, mucho más que todas las constituciones anteriores, nacidas de mayorías coyunturales y perecederas.

Por lo demás, los objetivos atribuidos por el PSOE a la pretendida reforma no tienen una base sólida. Ninguno de los graves problemas de la sociedad española dependen de que se revise la Constitución para ser solucionados, o correctamente afrontados. Ni la crisis económica, ni el blindaje del Estado de bienestar, ni la corrupción ni el desprestigio de las instituciones se arreglarían por el simple cambio del marco constitucional. El conflicto territorial sí podría requerir una revisión del modelo de Estado consagrado en esta Constitución. Pero ¿acaso se contentaría y desarmaría a los independentistas catalanes ofreciéndoles la delimitación más precisa de las competencias y el reconocimiento de sus singularidades? ¿Estarían dispuestos PP y PSOE a meter en la nueva Constitución el derecho de los catalanes a decidir su futuro, que es lo que reivindican? La respuesta es no en los dos casos. Ni Mas, Junqueras y demás aceptan a estas alturas el federalismo ni Rajoy, Sánchez y otros aceptan dividir la soberanía nacional y la demolición de la unidad de España.

En consecuencia, la reforma no es ahora posible. Y la alternativa, que sería la ruptura de la Constitución y la apertura de un proceso constituyente que haga tabla rasa y lo cuestione todo, es sencillamente inconveniente. Un desastre.