Quizá usted recuerde una imagen en su barrio en la que un buzón cilíndrico amarillo y una cabina telefónica acristalada se ubicaban a pocos metros uno de la otra, en una plaza o una esquina amplia. Telefónica y Correos eran servicios estatales de primer nivel y necesidad, dos empresas públicas señeras que empleaban a miles de personas de forma estable (en tiempos de la Dictadura el empleo fijo era sagrado). Los Gobiernos democráticos de González, Aznar y Zapatero –en esto no había en la práctica diferencias de credo– equilibraron cuentas desmontando al sector público, es decir reconvirtiendo y, sobre todo, privatizando compañías de bandera en sectores estratégicos como los chicharros mineros, de la industria pesada o los astilleros... pero también ofreciendo al mercado joyas energéticas, de telecomunicaciones o bancarias como Argentaria. Eran joyas ajadas y hasta con moho algunos casos. Pero otras eran puro oro viejo, y se vendieron como las familias venidas a menos venden su patrimonio.

Un dato: durante el ministerio de Rodrigo Rato se enajenaron 52 negocios públicos. Regía y rige aquí un axioma económico no escrito: lo público no es rentable; lo privado, sí. Hoy, empresas rentabilísimas están en manos públicas extranjeras (Endesa es de la italiana Enel). El Reino de España ha pasado de 160 compañías en propiedad de control público en 1985 a poco más de una docena actualmente. Una cantidad irrisoria comparado con otros países grandes de la UE. Una carterilla. Los liberales Made in Spain hacían palmas con las orejas masterizadas. Aunque sus mujeres o hijos fueran funcionarios o sus negocios comieran de la contratación pública y sus clientes fueran ministerios, lo público era una carga por definición para los creyentes en el mercado libérrimo.

Mientras que la propiedad de aquella Telefónica de aquellas cabinas es hoy “capital flotante”, los buzones amarillos permanecen públicos. Una empresa grande con dificultades en su cuenta de explotación y nubarrones estratégicos que lucha por despejar. Ahora, con el voto por correo masivo causado por la decisión exprés de convocar elecciones en julio –quizá no había otra decisión menos mala–, Correos afronta con serias dificultades y está en boca de todos. ¿Qué pasaría si no fuera pública Correos? Que no se incurriría en estos gastos públicos extra en la cuenta de explotación de Correos.... y el trabajo de urgencia lo haría un pool de empresas privadas, a saber con qué garantía. Y costaría un congo. ¿A quién? Al Estado, a quién si no. Las gallinas que entran por las que van saliendo, como dice José Mota.