El Pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado por unanimidad iniciar los trámites para solicitar que al edificio de Aduana se le pueda sacar del catálogo de protección y, con ello, poder proceder a su derribo.

Esta reversión se produce doce años después de que Yolanda Peinado, una delegada de Cultura socialista de la Junta que apenas tuvo recorrido político, decidiera que este edificio por el que hubo una gran polémica, se incluyera en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea.

Peinado en aquel año 2009 argumentó que la decisión había sido por motivos técnicos y no políticos. Y esta puntualización no era gratuita sino que venía por las sospechas de que detrás de ello había un ataque a uno de los grandes proyectos de una ciudad que comandaba con amplísimas mayorías la popular Teófila Martínez, lo que finalmente era también un boicoteo a la ciudad.

El resquicio que se coló por la rendija de aquel expediente fue la lucha que iniciaron algunos ciudadanos, apoyados por instituciones como la Academia de Bellas Artes y el Ateneo. Estos iniciaron una recogida de firmas entre la ciudadanía que fue presentada en la Delegación de Cultura de la Junta y que sirvieron para cambiar una opinión que en la administración autonómica era unos meses atrás la contraria. Con las rúbricas iba un extenso informe de un arquitecto especializado en la arquitectura del siglo XX que destacaba las bonanzas de un edificio que no debía ser nunca derribado.

Lo curioso es que una posterior plataforma pro derribo tenía un informe de otro prestigioso arquitecto que decía todo lo contrario.

En las causas judiciales, sus señorías a veces piden informes periciales independientes a las partes que litigan para conseguir un dictamen que pueda ser más ecuánime. En aquel caso, la Junta se quedó con una parte e hizo caso a las recomendaciones de que había que tener en cuenta a los movimientos ciudadanos que surgieran para la defensa de determinados espacios públicos o edificios.

Lo curioso es que apenas cinco años después, con el PSOE todavía en la Junta y el PP en el Ayuntamiento de Cádiz, el entonces delegado del gobierno autonómico en la provincia, Fernando López Gil, abría la puerta a la reversión de la decisión que se había tomado antes. Esto lo que quería decir es que la administración que había aprobado una cosa se desdecía apenas un lustro después. Eso sí, para ello tendría que pedirlo alguna institución o plataforma ciudadana.

Hasta ahora no se había dado ningún paso hasta que el Partido Popular llevó una moción al Pleno municipal que ha sido aprobada por todos los grupos políticos.

De momento lo que se ha aprobado es que el edificio se saque del catálogo que lo protege, es decir, tener las manos libres para después decidir si se lleva a cabo finalmente el derribo o no.

Esta operación no es sólo tirar un inmueble sino que implica una serie de compromisos que venían estipulados en el convenio de la plaza de Sevilla. Así, para darle cumplimiento al diseño que hizo el arquitecto César Portela con una zona ajardinada delante de la antigua estación de 1905, habría primero que revertir la decisión de la Junta, hacer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para proceder al derribo y buscarle una alternativa a los departamentos dependientes de la Agencia Tributaria que se encuentran en este inmueble.

Y esto no es nada fácil porque el que tendría que correr con todos los gastos tanto del derribo como del levantamiento de un nuevo edificio es el ayuntamiento, y estando las cosas como están, parece complicado que eso se pueda llevar a cabo. Por eso, para que cristalice hace falta tiempo, dinero y el consenso de varias administraciones.

Lo que pudo ser una realidad hace doce años cuando la crisis económica todavía era incipiente, ahora se ha complicado mucho más por una decisión que se tomó en su día llena de polémica.

Lo de la plaza de Sevilla es el cuento de nunca acabar. Se eliminó la estación que estaba en servicio, se construyó otra, un vestíbulo que no se ha utilizado jamás y que debería temer ya un hotel encima. Se rehabilitó la estación de 1905 y se hizo una de autobuses mucho más modesta de la proyectada en un principio. Sin embargo, todo se ha quedado a medio camino, pese al empuje del actual equipo de Gobierno, porque cuando hay varias administraciones de competencias territoriales distintas y, encima, de diferente color político, todo se eterniza. Como dicen algunos, el que viva, lo verá.