De las grandes lecciones de estos años de pandemia, poco hemos aprendido. Desde la teoría básica (¿qué lógica sigue lo de mascarillas en exteriores y bares atestados?) a las evidencias más cruciales (seguimos esperando el refuerzo de la atención primaria), se nos ha olvidado pronto lo fundamental de una crisis: sus enseñanzas.

Entre las muchas piedras con las que seguimos tropezando está la de los trabajadores esenciales. Que ya nos dimos cuenta de que no eran los que habíamos pensado (o no todos), y que nos faltaban muchos sectores en la lista. Fundamental es un trabajo que debe hacerse, sí o sí: el trabajo de sanitarios o agricultores es esencial; el de decorador de interiores, no.

Fundamental es también el trabajo de atención a dependientes, personas que por su edad o condiciones requieren de la ayuda de otras en su día a día. Es fundamental porque no hay opción de no realizarlo: si no hay alguien cobrando por hacerlo, es porque otras personas lo cubren sin remuneración. Nuestra red de ayuda a dependientes es a todas luces deficitaria.

Basta una ojeada a las páginas de este diario para constatar las deficiencias del sistema: trabajadoras que se quejan de no cobrar su salario, usuarios que denuncian descoordinación y falta de recursos, consultas que se duplican, y el anuncio de la prórroga a dos trabajadoras sociales (es decir, que no las echan, no que se refuerce el servicio) como un gran logro del área.

Y basta charlar un rato con cualquier usuario del servicio para comprobar sus consecuencias: horas de ayuda insuficientes, horarios incompatibles con las necesidades familiares, rotación excesiva en las empleadas, lo que dificulta la adaptación de las personas dependientes, casos de falta de profesionalidad... En definitiva, lo que debería ser una ayuda a la familia acaba convirtiéndose en un calvario, hasta el punto que hay quien opta por renunciar y apañarse por otras vías.

En una sociedad moderna, la ayuda a dependientes debería ser un derecho básico, pero todavía se parece más a la caridad