Cualquier sistema cuyos elementos sean muy numerosos tiende a la complejidad y la incertidumbre. Si, además de muchos, son contrarios en su naturaleza y creencias, el sistema tenderá a la entropía, esto es, al desorden y a su eventual destrucción, o al menos a un cambio radical de su estructura. Vale decir esto para cualquier conjunto de elementos relacionados, ya sea económico, empresarial, biológico, químico, cultural o de otro orden. Incluido el orden político. Es el caso de la España política actual, consistente en un sistema de partidos diversos en ideología, y dispersos y hasta contrarios en cuanto a su vocación por la preservación del sistema institucional. Un desorden. Un carajal –por entendernos– de difícil solución a corto plazo, dado el peso de los votos de los nacionalismos más prósperos, y dada la fragmentación extrema del arco político: derecha radical, derecha moderada, izquierda radical, izquierda moderada, extrema izquierda vasca “desarmada”, derechas liberales vascas y catalanas que son independentismos de corte mercantil y rentista, pero en cuyo arsenal ideológico prepondera el mito de una patria ocupada e irredenta. Todo esta “riqueza y biodiversidad” es posible gracias a que la Justicia española hizo una labor de primer orden democrático afrontando la lacra de la corrupción política (sobre todo del PSOE, PP y los “convergentes”, hoy Junts). Centenares de políticos fueron encausados, procesados, y condenados a prisión en docenas de casos. Es desolador que ahora tengamos que oír cómo se habla de lawfare y de una Justicia politizada, comprándole el argumento a los indepes el propio Gobierno por un puñado de votos. Así está nuestra democracia: no impera el equilibrio ideológico y el pacto, sino la pura aritmética del poder.

¿Le comprará todos los caprichos nuestro Gobierno a la parte de Cataluña que lucha por salir de España? Nunca veremos a una María Jesús Montero más dulce y dadivosa. Un día antes del debate sobre los decretos anticrisis que quiere aprobar el Gobierno en su habitual modo exprés, publicó La Vanguardia una noticia: “Junts reclama que se sancione a las empresas que no regresen a Cataluña”, o sea, aquellas que cambiaron de sede por el golpecito de Estado (proclamar una república independiente dentro de una monarquía parlamentaria es un golpe al Estado desde el Estado autonómico, ¿o qué otra cosa es?). Dejemos aparte aquí la evidencia de que el listado de exigencias de Junts será ilimitado e innegociable si nuestro presidente quiere seguir en la Moncloa, o siquiera legislar cosas que no sólo atañan a una minoría desafecta y, hasta hace poco y para el propio PSOE, repleta de delincuentes probados por delitos graves. Pero, en fin: el derecho a cambiar de opinión es lo que tiene. Por el bien de España, cómo no. De progresistas maneras. Más allá de una estrategia de poder que de impensable y mil veces negada pasa ahora a ser objeto de arma arrojadiza (“sois unos pesados, obcecados y antiprogreso; pasemos página con ese rollo de la amnistía y demás, ah, minucias”), la noticia sobre “Vuelve a casa, vuelve, o te meten un paquete mis primos Pedro y María Jesús” tiene un peluseo de primer orden. Es muy poco liberal-burgués-catalanista castigar a la empresa; una empresa siempre huye de la inestabilidad, y más de la convulsa, como fue aquella (y aún sigue siéndolo). Lo cual nos lleva a pensar –mejor dicho, a confirmar– que antes que el tejido empresarial está el advertir y amenazar a otros díscolos antipatriotas. Sean charnegos o sean entidades más catalanas que la barretina. CiU y Junts: de Jeckyll a Hyde. Todo por la patria..., y por recuperar votos enardecidos. Y menos mal que nos queda Europa: Bruselas no va a permitir una locura como la que exigen Rius, Turull... y don Carles. A la empresa cumplidora y libre no se la castiga en la UE.