Lo que es imposible no hay forma de hacerlo viable. Y eso es lo que le ha pasado al PGOU de El Puerto. Nacido en los albores de la burbuja inmobiliaria, a finales de los años 90, se tramitó en plena vorágine especulativa y con un gobierno municipal corrupto, liderado por Independientes Portuenses, pero que contó con el inestimable apoyo del PSOE.

Es imposible resumir en esta columna los avatares de este PGOU. Se diseñó a parches, coloreando el mapa de suelos urbanizables a golpe de amistades y talonario. Las constructoras compraron millones de metros cuadrados de suelos no urbanizables y, con la simple firma de un convenio con el ayuntamiento, previo pago de las correspondientes comisiones, ¡urbanizable, con cientos de viviendas y millones de beneficios! Sumando convenios, se llegó a plantear la construcción de 36.700 viviendas, pura especulación en un municipio con la población estabilizada y con tendencia a la baja.

Desde 2006, una Directiva de la UE y una ley básica estatal obligan, para evitar tanta discrecionalidad y corrupción, a someter a los planes a una Evaluación Ambiental Estratégica, que no es un mero trámite, sino la necesidad de plantear una participación social efectiva para detectar las necesidades de la población, justificar las propuestas, y analizar alternativas de ubicación.

Pero la Junta no estaba dispuesta a que se pusiera en cuestión tantos proyectos urbanísticos, que producían mucho dinero fácil, que sólo con las pedreas daban para financiar a los partidos políticos… y a los políticos.

Las advertencias de los ecologistas y sus fundadas alegaciones no fueron tenidas en cuenta; no se podía parar el “desarrollo”. Y llegó la crisis, y todo se hundió, y todo se recortó, menos los PGOUS, a los que se les mantuvo con la esperanza de volver a las andadas tras la crisis. Y llegaron las demandas judiciales, y las anulaciones de planes urbanísticos por no haberse sometido a ese procedimiento de evaluación ambiental. Ahora nadie es responsable de este desaguisado, de la existencia de millones de metros cuadrados de suelos urbanizables que se deberían haber desclasificado, de los enormes impactos provocados, de las consecuencias de estas anulaciones. Y los culpables se presentan ahora como salvadores del desastre.