Se habla últimamente mucho de la malversación, del uso indebido del dinero público. En nuestro país siempre ha habido personas que acceden a cargos públicos para lucrarse, o sea, para mangar. Con la malversación de dinero público hay que ser inflexible; en ningún caso se pueden ir de rositas los responsables de este desfalco, y hay que devolver el dinero ilegalmente sustraído. Desgraciadamente, la mayor parte de los casos de corrupción terminan impunes, ya sea porque no se denuncian, no se investigan, o debido a las artimañas legales de los corruptos y la burocracia judicial.Cuando algunas personas o entidades han denunciado casos de corrupción, no sólo no han tenido protección policial y judicial, sino que han sufrido campañas de acoso y derribo, algunas muy violentas, y desgraciadamente algo sé del tema. Pasó cuando los ecologistas denunciamos los numerosos casos de corrupción urbanística en El Puerto, en los que estaban implicados un alcalde, concejales y técnicos municipales. Tras muchos esfuerzos, llegaron las condenas… más de una década después. El dinero no se ha devuelto. Es sorprendente que quien más vocifera ahora contra los cambios en este delito sea el partido que más imputados y condenados tiene por malversación y corrupción.

En El Puerto llegó a estar imputada la cúpula del PP que gobernaba el ayuntamiento en 2010. Los entonces miembros del Consejo de Administración de Apemsa Alfonso Candón (que se escondió tras su acta de diputado), Enrique Moresco, Carlos Montero, Daniel Pérez y Juan Campos-Guereta aprobaron prórrogas de concesiones y contratos a dedo por valor de 32 millones de euros, sin concurso público, a favor de la empresa Aqualia-FCC. Fueron denunciados por Ecologistas en Acción y la Fiscalía, y todos fueron imputados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El PP los defendió y el Juzgado nº 5 de El Puerto terminó por archivar la causa. Así, quedaron impunes los que cometieron una clara ilegalidad en detrimento de una empresa municipal y en beneficio de una empresa privada, cuya matriz había sido muy generosa con el PP, según consta en las diligencias judiciales de la caja B del PP.

Seguro que aparecerán comentarios ¿y los EREs qué? Pues igual, ninguna corrupción puede taparse con otra.