Dieciséis años más tarde de la presentación del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, el contador, hasta poder disponer de este equipamiento, se pone de nuevo en marcha tras un nuevo paréntesis.

No ha sido la primera vez, aunque esperamos que ésta sea la última, que los operadores jurídicos nos hemos encontrado con un tiempo muerto a lo largo de estos más de tres lustros. Durante todos estos años los Graduados Sociales hemos sido, junto a otros actores del ámbito judicial, quienes hemos liderado el seguimiento puntual de cada paso, grande, pequeño, útil o inútil, que las administraciones han ido dando sobre este asunto.

Desde que se presentara, con gran estruendo mediático, el primer proyecto de la Ciudad de la Justicia en los terrenos de la antigua Institución Provincial, lo cierto es que lo único que hemos podido ver han sido coloristas infografías, planos y vídeos, pero ni un solo ladrillo. A lo largo de los años, la Junta de Andalucía se dedicó a marear la perdiz: ahora la cambiamos a la Zona Franca, ahora a la Escuela de Náutica, ahora a no se sabe dónde, hasta que llegamos a los terrenos desafectados en favor del Ayuntamiento de Cádiz de los antiguos depósitos de Tabacalera. Siempre dije, con sarcasmo, que en los terrenos de Tolosa Latour celebraríamos el Juicio Final.

Nuestro Colegio ha llegado, en varias ocasiones, a solicitar el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz ante tanta promesa incumplida, tanto trámite paralizado y años en los que los presupuestos autonómicos no contemplaban partida alguna para el proyecto.

Lo hecho, hecho está (aunque mejor podríamos decir lo no hecho). El tiempo no va a volver atrás y ahora, en esta semana, se ha producido un nuevo hito relativo a la Ciudad de la Justicia que, parece, puede ser el definitivo para que el proyecto vea finalmente la luz.

El consenso alcanzado entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para disponer de superficie suficiente para este equipamiento multi sede, a expensas de un nuevo trámite -un acuerdo del pleno municipal- ha vuelto a ser saludado por nuestro colectivo de profesionales del derecho, con lealtad institucional, en una nueva muestra de paciencia ante el enésimo anuncio por parte de nuestros responsables políticos.

Durante estos más de tres lustros, nuestro Colegio Profesional ha sido insistente, criticando cada parón, cada vuelta a empezar, cada vaivén administrativo; como también ha sabido valorar las noticias en sentido positivo, especialmente a partir de la legislatura anterior, en la que quedó lanzada la licitación del anteproyecto en los terrenos de la Tabacalera.

Ahora volvemos a celebrar el consenso, las facilidades dadas por el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ante la petición del Consejero, José Antonio Nieto, para la ampliación del proyecto de la Ciudad de la Justicia de cara a sus necesidades futuras; para no construir un complejo que, cuando se quede pequeño, no tenga capacidad de crecimiento.

Estaremos atentos, eso sí, a los siguientes pasos, fundamentalmente a que el presupuesto andaluz para 2023, el primero que debe realizar el nuevo gobierno de Juanma Moreno, recoja una cantidad suficiente para esta inversión. El Consejero se ha comprometido a mantenernos informados de cada paso a los tres Colegios Profesionales de Graduados Sociales, Abogados y Procuradores, una postura que también celebramos.

La Ciudad de la Justicia es una necesidad para que en Cádiz se ponga punto y final a la situación actual de sedes y oficinas judiciales desperdigadas, algunas en un estado más que inadecuado y que acarrean importantes partidas de alquiler a la administración andaluza. Así lo entendió el hasta ahora Delegado Territorial de Justicia, Miguel Rodríguez Rodríguez, al que agradecemos su implicación y resultados en los últimos tres años, haciendo posible que el sueño de la Ciudad de la Justicia comenzara a tomar visos de realidad.

Bien está lo que bien acaba, si finalmente hemos cerrado el largo capítulo de cambios, paralizaciones y reinicios de un proyecto fundamental para el buen funcionamiento de la Justicia. Queremos creer que ahora sí es sí.