La plataforma Revive El Puerto ha presentado un informe sobre la situación del centro de nuestra ciudad. Además de realizar un análisis certero de las causas de la postración del casco histórico y plantear propuestas para su revitalización, dedica un apartado a las prácticas corruptas del Ayuntamiento.

Muy certeramente se afirma que la corrupción y la incompetencia de un equipo de gobierno es perjudicial para la economía de una ciudad, para la sostenibilidad ética y administrativa del consistorio municipal, así como para su eficiencia.

Al enchufismo, se le unen la complicidad en la apertura de instalaciones sin licencia o el vertido ilegal de escombros en el Rancho Linares. También se destaca el escandaloso caso del aparcamiento de Pozos Dulces, que, en vez de terminarlo, como prometió Beardo, lo ha enterrado, lo que ha llevado a la empresa promotora a plantear una demanda al ayuntamiento por 16 millones de euros, que puede que terminemos por pagar los vecinos de esta ciudad.

Otro escándalo es el trato de favor al gerente de El Puerto Global, al que en este mandato se le ha pagado 600.000 euros, pero en vez de gestionar esta empresa municipal, se dedica a mantener las redes sociales de Beardo, con una política de intoxicación mediática.

Y qué decir del exorbitado sueldo del auto contratado jefe de servicio de Medio Ambiente, que sin ninguna titulación, ni haberse presentado a unas oposiciones, cobra 70.000 euros anuales por conspirar desde su puesto de Rasputín del alcalde.

Pero lo más grave es que la mayor parte del presupuesto municipal vaya a contratas que no se controlan. Se destinan decenas de millones de euros de nuestros impuestos a empresas para mantenimiento urbano, recogida de residuos o funcionamiento de la depuradora; los pliegos de condiciones estipulan que habrá una inspección municipal que elaborará informes periódicos para comprobar el cumplimiento de lo contratado. Cuando los ecologistas solicitamos a Beardo esos informes, su escudero Bello respondió que no existían. Adivinen de quién depende la realización de las inspecciones de esas contratas, y quién se beneficia de ese trato de favor a las empresas.

¡Ah! Y Beardo cobra 64.587 euros al año de la Diputación por no hacer nada, ni siquiera asiste a su puesto de trabajo.